La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito fijó para el 16 de abril una audiencia clave en el juicio por la expropiación de YPF, en la que se debatirán las apelaciones vinculadas a la orden de entregar el 51% de las acciones de la petrolera y distintos planteos procesales, entre ellos pedidos de discovery sobre comunicaciones de funcionarios.
En ese contexto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó participar activamente en la audiencia para exponer oralmente en defensa de la posición argentina. Se trata de la primera vez que la cartera judicial estadounidense pide formalmente intervenir con argumentación oral en esta causa.
La decisión representa el segundo gesto de respaldo en pocas semanas. A fines de febrero, la administración de Donald Trump presentó un escrito ante el tribunal de la jueza Loretta Preska manifestando su oposición a la posibilidad de declarar a la Argentina en desacato y aplicar sanciones económicas en el marco del proceso impulsado por los fondos beneficiarios del fallo por USD 16.100 millones.
Según consta en ese documento, el gobierno estadounidense advirtió que imponer sanciones severas contra un Estado soberano podría afectar el principio de reciprocidad internacional que Washington invoca en litigios en el extranjero. También objetó la exigencia de entregar comunicaciones privadas de funcionarios —como chats y correos electrónicos— al considerar que ese requerimiento podría vulnerar normas de cortesía y práctica diplomática.
El 16 de abril se discutirán, además de la cuestión del turnover (entrega de acciones), la presentación de la ONG Republic Action for Argentina (RAFA) y los alcances del proceso de intercambio de pruebas. La Procuración del Tesoro argentino solicitó incluso ampliar el tiempo de exposición para que el representante estadounidense pueda desarrollar su postura durante la audiencia.
Impacto político y relación bilateral
La intervención del Departamento de Justicia se produce en un escenario de acercamiento político entre la administración de Javier Milei y la Casa Blanca. Fuentes oficiales destacan que la sintonía ideológica y el fortalecimiento del vínculo bilateral han generado un clima propicio para que Estados Unidos adopte una posición activa en un litigio de alto impacto financiero para la Argentina.
Analistas del caso señalan que, si bien Washington mantiene cautela respecto del fondo del fallo millonario, su decisión de respaldar la posición argentina en aspectos procesales sensibles constituye una señal política relevante en medio de negociaciones económicas y financieras internacionales.
Origen del litigio
El juicio se originó tras la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La medida fue impulsada por el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof, quien encabezó la estrategia oficial que derivó en la estatización de la compañía.
Fondos que habían adquirido los derechos de litigio sostuvieron que el Estado argentino incumplió el estatuto societario al no realizar una oferta pública de adquisición por el total de las acciones, lo que dio lugar al fallo adverso en primera instancia por USD 16.100 millones.
El proceso judicial continúa en etapa de apelación. La audiencia de abril será determinante para definir los próximos pasos en una causa que combina impacto financiero, relaciones diplomáticas y consecuencias derivadas de una decisión de política económica adoptada hace más de una década.
