A días de que la Cámara de Diputados comience a debatir la reforma de la Ley Penal Juvenil, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, reiteró el respaldo del Gobierno nacional al proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa forma parte de la agenda de reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo para actualizar el sistema penal frente a la actual dinámica del delito.
En declaraciones radiales, el funcionario sostuvo que el régimen vigente resulta insuficiente para responder a determinadas conductas delictivas protagonizadas por menores y planteó la necesidad de adecuar la normativa a la realidad social actual. Según explicó, los adolescentes de 14 años cuentan hoy con un nivel de comprensión distinto al de generaciones anteriores y poseen conciencia sobre la criminalidad de sus actos.
Cúneo Libarona remarcó que el proyecto no apunta a criminalizar la niñez, sino a dotar al sistema judicial de herramientas que permitan intervenir de manera efectiva ante delitos graves. En ese sentido, señaló que la ausencia de consecuencias penales claras genera una percepción de impunidad que es aprovechada por organizaciones delictivas para utilizar a menores en la comisión de ilícitos.
El ministro describió un escenario en el que jóvenes son empleados para robos, entraderas y otros delitos, amparados en una legislación que impide su imputación. De acuerdo con su diagnóstico, esta situación produce un círculo repetido de detenciones y liberaciones inmediatas que dificulta la acción preventiva del Estado. El proyecto, indicó, busca romper esa dinámica y fortalecer la respuesta judicial.
En cuanto al impacto presupuestario, el titular de la cartera de Justicia minimizó las objeciones vinculadas al gasto público y aseguró que los costos del nuevo régimen fueron analizados previamente. Desde el Gobierno sostienen que la inversión es necesaria para enfrentar un contexto de violencia creciente, especialmente en algunas zonas del país.
Por otro lado, Cúneo Libarona descartó que el Ejecutivo tenga en agenda modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Aborto, al afirmar que su vigencia se mantiene sin cambios en la actualidad. No obstante, anticipó que el Código Penal será objeto de otras reformas, entre ellas una revisión de la figura del femicidio, con el objetivo de mejorar su precisión jurídica y evitar interpretaciones controvertidas.
El proyecto de baja de imputabilidad comenzará a discutirse esta semana en Diputados, en un debate que promete generar posiciones encontradas. Desde el oficialismo confían en que la iniciativa contribuirá a modernizar el sistema penal juvenil y a reforzar la capacidad del Estado para responder frente a delitos graves, en el marco de una política de seguridad que el Gobierno considera prioritaria.
