El crimen del adolescente de 15 años, torturado y apuñalado por otros menores, reabrió el debate sobre la baja de punibilidad luego de que dos de los agresores quedaran en libertad por no ser punibles.
El brutal asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años, volvió a sacudir a la opinión pública y dejó al descubierto las falencias del sistema penal juvenil argentino. El caso no solo impacta por el nivel de violencia extrema ejercida contra la víctima, sino también porque dos de los responsables, menores de 14 años, no enfrentan consecuencias penales debido a su edad.
El hecho ocurrió el 18 de diciembre de 2025 y fue protagonizado por tres menores: dos chicos de 14 años y una adolescente de 16. Según la investigación judicial, la joven permanece detenida en un centro de menores de Rosario, Santa Fe, imputada por homicidio triple agravado por concurso premeditado, alevosía y ensañamiento. En contraste, los otros dos implicados quedaron fuera del alcance del sistema penal por no ser punibles.
La autopsia reveló que Jeremías recibió más de veinte heridas cortopunzantes. Su cuerpo fue hallado días después en un predio cercano a la cancha de Colón, oculto entre pastizales y cubierto con cartones. La escena y la brutalidad del ataque marcaron un punto de inflexión en la causa.
En las últimas horas, el caso volvió a instalarse en la agenda pública tras la viralización de un video del crimen, filmado por los propios agresores. El material, que formaba parte del expediente judicial, comenzó a circular en redes sociales y aplicaciones de mensajería, generando un profundo dolor en la familia y un fuerte repudio social.
El abogado de los familiares presentó una denuncia para que se investigue la filtración del video y advirtió sobre la grave vulneración a la dignidad de la víctima. Además, alertó que la difusión de ese material podría acarrear responsabilidades penales y pidió evitar la reproducción de imágenes de extrema violencia.
Más allá del impacto del video, el crimen de Jeremías Monzón expone una problemática de fondo: los límites del sistema penal juvenil frente a delitos de extrema gravedad. Pese al ensañamiento y la planificación demostrada, dos de los responsables no afrontan sanciones judiciales proporcionales al daño causado.
El caso reavivó con fuerza el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y la necesidad de una reforma del Código Penal. La discusión trasciende este hecho puntual y vuelve a poner en cuestión la capacidad del marco legal vigente para responder ante homicidios cometidos por menores que comprenden plenamente la magnitud de sus actos.
