La intendente tik toker de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, cuestionó al Gobierno nacional al asegurar que “es muy difícil trabajar con una Nación que no acompaña”, en referencia a la caída de la coparticipación y a la ausencia de obras públicas financiadas por el Estado nacional.
Durante sus declaraciones, Chahla señaló que los municipios y provincias atraviesan un escenario complejo producto del ajuste macroeconómico, y advirtió que la reducción de ingresos limita la capacidad de los gobiernos locales para sostener servicios, realizar obras y responder a las demandas sociales, especialmente en materia de empleo, infraestructura y transporte público.
Sin embargo, los cuestionamientos de la intendenta contrastan con los datos oficiales sobre transferencias discrecionales realizadas por el Gobierno nacional. Tucumán recibió en diciembre de 2025 un giro de $20.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el monto individual más alto otorgado a una provincia desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.
Ese envío convirtió a Tucumán en la provincia más beneficiada por este mecanismo durante la actual administración, superando incluso a Neuquén, que había liderado el acumulado anual con $18.000 millones. El giro se produjo luego de un mes de noviembre en el que no se habían distribuido ATN y en el marco de negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores para avanzar en el tratamiento del presupuesto 2026.
De acuerdo con los datos oficiales, entre enero y noviembre de 2025 la ejecución del Fondo de ATN alcanzó los $131.500 millones, de un total disponible de $860.115 millones, lo que implica una ejecución del 15,3%. Dentro de ese esquema, Tucumán se ubicó entre las provincias que más fondos recibieron, tanto en términos absolutos como en relación con su peso político en el Congreso.
Las declaraciones de la intendenta también generaron cuestionamientos a nivel local, dado que contrastan con el estado crítico de la infraestructura urbana de la capital tucumana. Calles y veredas deterioradas, anegamientos recurrentes ante lluvias de baja intensidad y deficiencias en los sistemas de desagüe exponen problemas de gestión municipal que se arrastran desde hace años y que dependen, en gran medida, de decisiones y prioridades del gobierno local.
En ese contexto, las críticas al Gobierno nacional por la falta de recursos aparecen para muchos como excuss y un intento de quitarse responsabilidad, especialmente cuando San Miguel de Tucumán enfrenta falencias básicas que requieren planificación, ejecución y control desde el propio municipio.
Desde el Gobierno nacional sostienen que la asignación de ATN responde a criterios puntuales y a la disponibilidad fiscal, en línea con el objetivo de sostener el superávit y evitar un retorno a políticas de gasto discrecional sin respaldo presupuestario. En ese marco, remarcan que las transferencias realizadas no contradicen el proceso de ordenamiento macroeconómico en curso.
Mientras Chahla reclama mayor presencia del Estado nacional y cuestiona la falta de recursos, los datos oficiales muestran que Tucumán fue una de las provincias más asistidas por la Nación durante 2025, en un contexto de fuerte restricción fiscal y redefinición del vínculo financiero entre el Gobierno central y las jurisdicciones subnacionales.
