Las políticas alimentarias implementadas por el Gobierno de Tucumán quedaron en el centro de la crítica luego de que el diputado nacional por La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, cuestionara con dureza el balance presentado por el Ministerio de Desarrollo Social correspondiente al año 2025.
El legislador libertario cargó contra el Poder Ejecutivo provincial tras las declaraciones del ministro Federico Masso, quien destacó una inversión de $130.000 millones en programas de asistencia social que, según datos oficiales, alcanzaron a unas 400.000 personas en todo el territorio tucumano.
“El Gobierno provincial festeja que realizó un gasto millonario en ‘ayuda social’ y que llegó a cientos de miles de beneficiarios. Y esto lo quieren vender como una inversión”, expresó Huesen, quien sostuvo que la lectura oficial es equivocada y encubre un problema estructural más profundo.
“No, señores; es la demostración más cabal del deterioro de la economía tucumana. Festejan tener que atender a más pobres”, afirmó el diputado, marcando una postura crítica frente al modelo de asistencia que impulsa la Provincia. En ese sentido, advirtió que el aumento de la demanda social no debería celebrarse, sino encender alarmas sobre la falta de crecimiento económico y generación de empleo genuino.
Las declaraciones del legislador se dan en un contexto complejo para el Ministerio de Desarrollo Social, que en los últimos tiempos ha sido objeto de denuncias y cuestionamientos públicos vinculados a la administración de planes y recursos destinados a la asistencia. Si bien desde la cartera provincial han rechazado irregularidades, distintas presentaciones judiciales y reclamos políticos mantienen a Masso bajo la lupa.
Huesen también dejó entrever un mensaje político de cara al futuro electoral, al señalar que “queda poco para 2027”, sugiriendo que el modelo actual tiene fecha de vencimiento y que el oficialismo deberá rendir cuentas ante la sociedad tucumana.
De este modo, el debate por las políticas alimentarias vuelve a instalarse en la agenda pública provincial, atravesado no solo por la discusión sobre el rol del Estado en la asistencia social, sino también por las tensiones políticas y las denuncias que rodean a una de las áreas más sensibles del Gobierno.
