El protocolo antipiquetes volvió al centro de la escena luego de que el Gobierno confirmara que apelará la decisión judicial que ordenó suspender una de las medidas clave en materia de orden público.
El Gobierno nacional decidió apelar el fallo judicial que ordenó dejar sin efecto el protocolo antipiquetes, una de las políticas centrales de la gestión de Javier Milei en materia de seguridad y libre circulación. Desde el Ejecutivo calificaron la resolución como “jurídicamente errónea” y sostuvieron que desconoce el respaldo mayoritario de la sociedad a una herramienta que, aseguran, permitió recuperar el orden en el espacio público.
La sentencia fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, quien hizo lugar a una acción de amparo y dispuso la suspensión del protocolo al considerar que presenta vicios legales. Frente a esta decisión, el Gobierno confirmó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Fuentes oficiales remarcaron que el protocolo “garantiza la paz social” y rechazaron los cuestionamientos sobre su legalidad. “Es falso que le falte sustento jurídico”, afirmaron desde el Ejecutivo, al tiempo que denunciaron un trasfondo político detrás del fallo judicial.
En la Casa Rosada fueron aún más contundentes y señalaron que el protocolo cuenta con un fuerte respaldo social. “El 70% de los argentinos está a favor del protocolo. Esto es político. Se va a apelar y no vamos a dar un paso atrás. Sin protocolo vuelve el desorden”, expresaron desde el entorno presidencial.
El juez Cormick argumentó que la resolución 943/2023, mediante la cual el Ministerio de Seguridad puso en marcha el procedimiento, avanzó sobre facultades propias del Poder Legislativo. Sin embargo, desde el Gobierno recordaron que la Justicia ya validó en reiteradas oportunidades los operativos policiales y que el propio magistrado había rechazado previamente suspender el protocolo.
Además, señalaron que el fallo responde a una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización históricamente crítica de las políticas de seguridad firmes. Desde el Ejecutivo insistieron en que el protocolo no restringe derechos, sino que ordena las protestas para garantizar tanto la manifestación como la libre circulación.
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, confirmó formalmente la apelación y advirtió que la suspensión del protocolo implica “volver al caos”. La funcionaria sostuvo que la medida es legítima, cuenta con fundamentos técnicos y jurídicos, y permitió que “las calles vuelvan a pertenecer a quienes quieren trabajar y vivir en paz”.
La exministra de Seguridad y actual diputada Patricia Bullrich también cuestionó duramente la decisión judicial y defendió el protocolo antipiquetes, al afirmar que fue validado por numerosos jueces y cuenta con el respaldo de la sociedad. “Los que festejan este fallo son los que viven del caos. Los perjudicados, como siempre, son los argentinos que quieren orden, trabajo y tranquilidad”, sostuvo.
