Los propietarios de una estación de servicio ubicada en la rotonda de Famaillá denunciaron a un grupo de empleados por un presunto fraude millonario vinculado al sistema de reintegros que la petrolera ofrece a sus clientes. La fiscala Mónica García de Targa, del Centro Judicial Monteros, quedó a cargo de la investigación.
Según la presentación realizada por el abogado Amancio Petray, representante de la firma damnificada, la maniobra se habría ejecutado mediante el uso irregular de la tarjeta de beneficios que la empresa implementó en 2019. Ese programa permite a los usuarios obtener un reintegro del 10% por cargas de combustibles premium y otros productos comercializados en la estación.
El funcionamiento del sistema exige que cada carga realizada por un cliente adherido sea registrada por el playero, quedando asentada en una base de datos. El cliente, posteriormente, puede retirar el efectivo acumulado en cualquier estación de servicio de la misma firma.
La denuncia señala que, a comienzos de 2025, la petrolera advirtió una discrepancia entre el volumen de combustible vendido y los puntos registrados por el sistema de beneficios en esa sucursal. Esa advertencia motivó una auditoría interna, en la que se detectó que entre enero de 2024 se habrían generado cargas a clientes inexistentes o con identidades dudosas por más de $24 millones, de los cuales se habrían retirado más de $19 millones.
De acuerdo con la denuncia, los empleados habrían creado al menos cuatro grupos de supuestos beneficiarios: algunos integrados por desconocidos, otros por familiares y uno por mujeres que compartían el mismo apellido. Entre los patrones detectados figuran cargas efectuadas durante la madrugada, con muy poca diferencia horaria entre sí, y montos que nunca superaban los $40.000.
Los propietarios aportaron documentación y registros para respaldar sus acusaciones y solicitaron que se investigue a alrededor de 10 empleados, quienes habrían causado un perjuicio estimado entre $700.000 y $2,4 millones. El caso quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que evaluará los próximos pasos del proceso.
