La Cámara de Diputados rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, una medida impulsada por el kirchnerismo y acompañada por otros sectores de la oposición. Según estimaciones oficiales, la implementación de la norma representaría un gasto adicional de $1,9 billones, cifra que compromete de manera directa el equilibrio fiscal alcanzado por la actual administración.
El costo de la iniciativa equivale, en términos comparativos, a suspender durante cuatro meses los sueldos de diputados y senadores, aumentar el IVA del 21% al 24% por un plazo de 45 días, suspender todos los planes sociales por tres meses, eliminar los subsidios energéticos durante cuatro meses o congelar por cinco años el presupuesto del Poder Judicial. Otra alternativa de ajuste similar sería suspender los subsidios al transporte público por un año y medio.
Estas equivalencias reflejan la magnitud del gasto que implicaría la medida y el efecto directo que tendría sobre el equilibrio de las cuentas fiscales, considerado el pilar central del programa económico del gobierno libertario.
Desde la Casa Rosada sostienen que el veto fue una decisión necesaria para evitar un retroceso hacia el déficit crónico que caracterizó a administraciones anteriores y que derivó en inflación, endeudamiento y crisis económica. Para el oficialismo, la ley no resuelve los problemas estructurales del sistema universitario —como la falta de control en el uso de recursos o la baja tasa de graduación—, sino que introduce una carga financiera imposible de sostener.
Con el Senado como escenario del siguiente debate, el gobierno buscará mantener la defensa del superávit fiscal, que según datos oficiales permitió contener la inflación, reducir la pobreza y reactivar el crecimiento económico en los últimos meses.
El resultado en la Cámara alta será clave para definir si el veto presidencial queda en pie o si el Congreso impone una ley que, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, amenaza la estabilidad alcanzada en materia económica y fiscal.
