Siete personas fueron formalmente imputadas en el marco de la causa que investiga la usurpación de tierras del “Loteo Gaucho Castro” en El Mollar, ubicadas en la zona del perilago de La Angostura y pertenecientes al Superior Gobierno de la Provincia. La investigación está a cargo del fiscal Miguel Varela, del Centro Judicial Concepción.
Los acusados son Juan Pablo Castro —señalado como supuesto titular del emprendimiento—, Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro —empleados de la ex Subsecretaría de Dominio Territorial y Hábitat—, Fernando Rogel Chaler —ex titular de esa repartición—, Yanina Mamaní —nuera de Trujillo—, Damián Romano —nieto político de Castro— y Jorge Cruz —ex comisionado rural de El Mollar—.
Además de estafa y asociación ilícita, Castro fue imputado por usurpación; Trujillo, Barreiro y Cruz, por negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público; Chaler, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
Según la hipótesis fiscal, entre 2020 y 2025 los imputados habrían desarrollado el emprendimiento urbanístico “Loteo Gaucho Castro” comercializando parcelas estatales dentro de un área natural protegida, pese a que contaban con una medida de no innovar. Se habrían falsificado documentos, trazado calles, realizado obras de enripiado y gestionado la instalación de servicios básicos para ofrecer los terrenos.
La Fiscalía identificó al menos cuatro casos de estafa, con montos que van desde $200.000 hasta $5 millones, en operaciones realizadas entre 2022 y 2024. Las víctimas no pudieron inscribir los inmuebles ni recuperar el dinero abonado.
Entre las evidencias presentadas figuran informes de EDET que vinculan a Cruz con solicitudes de factibilidad eléctrica para 65 lotes, imágenes satelitales de Catastro que muestran el avance de construcciones en el predio, constancias de escrituración emitidas por la Subsecretaría de Regulación Dominial y Hábitat, y boletos de compraventa secuestrados en allanamientos. También se incorporaron informes técnicos de la División de Flora y Fauna y de agrimensores que advierten irregularidades en el terreno.
El caso se inició a comienzos de 2025, tras la denuncia de la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, por la presunta ocupación ilegal y venta de tierras provinciales dentro de la Reserva Natural La Angostura. La investigación continúa para identificar a otros posibles involucrados.
