Desde el inicio de su gestión en la Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei mostró un evidente apuro por poner en marcha medidas para la desregulación de la economía y la derogación de un importante número de normas vigentes que se materializó en la firma del decreto de necesidad y urgencia y el envío al Congreso del megaproyecto de ley, al que se va a sumar otro similar en los próximos días. Sin embargo, la actitud del oficialismo, sobre todo del Ejecutivo, choca con una multiplicidad de cuestiones reglamentarias y constitucionales que ponen en riesgo la urgencia de los libertarios.
“Si me rechazan el DNU, llamaría a un plebiscito o consulta popular”, dijo el Presidente ante una perspectiva poco alentadora en el Congreso. Si bien la Constitución Nacional contempla esta alternativa en su artículo 40, sería de carácter no vinculante y su voto no sería obligatorio, es decir, no tendría el efecto esperado. Si esa posibilidad surgiera de la propia Cámara de Diputados, se podría someter a consulta un proyecto de ley, no un DNU. En ese caso, el Presidente no podría vetar la convocatoria y el resultado sería vinculante, pero no cumpliría con el objetivo del mandatario que pretende quitar al Congreso como intermediario para la legitimación popular de sus maniobras.
Otro de los puntos que se discutieron al interior de la mayoría de los espacios tuvo que ver con cómo llevar a la práctica el debate en comisiones de un proyecto con 664 artículos que versa sobre la más amplia variedad de temas. El oficialismo quiere solo cuatro comisiones, la oposición dice que deberían ser entre 20 y 25, pero podrían sellar un entendimiento en alrededor de una decena.
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“Van a buscar la manera de ir por capítulos, separarlo de alguna forma, para tratar ahora lo que sea más importante y dejar para más adelante lo que no es urgente”, especulan en la oposición.
Por ahora, LLA no dio señales de querer postergar ninguno de los temas, pero ya abrió una posibilidad de negociación al guardarse el proyecto de restauración del impuesto a las ganancias, que interesa a los gobernadores de todos los colores. ¿Cómo organizar la discusión sobre proyectos que requieren mayorías distintas para su aprobación? Tales son los casos de las reformas en materia electoral y de partidos políticos y las que tienen que ver, por ejemplo, con la modificación de asignaciones de recursos coparticipables. En esos dos asuntos, se requiere del voto de 129 diputados y no solo de la mayoría de los presentes, aunque no hay inconvenientes para su tratamiento en conjunto en las comisiones. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo contempla la eliminación de las elecciones PASO, un asunto que ya está en agenda desde antes del último turno electoral, el establecimiento de un sistema de circunscripción uninominal con una redistribución de bancas por provincias y la eliminación de los topes para el aporte privado a las campañas políticas. En estos tres temas los apoyos no son parejos entre los distintos espacios, por lo que se suma otro escollo para poder sacarlo adelante como un “paquete electoral”.
La primera fecha barajada por LLA para sesionar en Diputados es el 25 de enero, dentro de poco más de tres semanas, un tiempo que resulta al menos llamativo para la cantidad de temas en cuestión y sin ninguna comisión convocada. Las sesiones extraordinarias finalizan el 31 de enero, aunque ya se estima que podrían ser prorrogadas hasta el 29 de febrero. Es que si finalmente se logra media sanción de todo o alguna de sus partes, el Senado debería hacer el mismo camino, con la salvedad de que en la Cámara alta, cuando se emite dictamen sobre un asunto, no puede ser llevado al recinto hasta siete días después. Otro reglamento que choca con cualquier apuro de gestión.
Donde no hay claro acuerdo es sobre cuándo podría ser llevado al recinto el DNU, si es que consigue dictamen en la Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene un reglamento especial y que permite reunirse, aunque el Congreso esté en receso.
¿Puede llevarse al recinto si el asunto no fue incorporado en el temario de extraordinarias? Ante la respuesta de un sector de la biblioteca que dice que “no”, se le puede marcar otro razonamiento: ¿qué sentido tendría el apuro por el dictamen si hay que esperar hasta marzo para aprobarlo o rechazarlo?
El equipo jurídico y técnico del oficialismo tanto en el Ejecutivo como en el Congreso trabaja en estos ejes, para evitar la proliferación de presentaciones judiciales, muchas de ellas que ya se fueron conociendo.
