El Ministerio Fiscal imputó a un joven por nueve delitos relacionados con amenazas de bomba dirigidas contra edificios públicos de los tres poderes de la provincia, así como contra otros establecimientos privados. Además, se ha solicitado su privación de libertad, una medida que ha sido autorizada por 99 días. Por otro lado, sobre el otro sujeto -que había sido aprehendido en los allanamientos- se dispuso el cese de su aprehensión, aunque continuará siendo investigado.
La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, bajo la dirección de Mariana Rivadeneira, llevó a cabo la audiencia de control de aprehensión, formulación de cargos y solicitud de medidas coercitivas contra Gabriel Ernesto Valdez (24). Se le acusa de ser el presunto autor de una serie de amenazas de bomba en varias instituciones gubernamentales de la provincia y en otros edificios privados.
Durante la audiencia, el fiscal Carlos Picón y la titular de la fiscalía interviniente, Mariana Rivadeneira, estuvieron presentes. En primer lugar, se solicitó que se declarara legal la detención del sospechoso, la cual tuvo lugar durante una acción judicial en su domicilio del barrio Ampliación Tiro Federal. Luego, se leyó la acusación formal contra Valdez, en la que se le reprocha que, debido a conflictos familiares con su expareja que resultaron en más de 30 denuncias cruzadas, adquirió múltiples líneas telefónicas registradas a nombre del padre de la chica. A través de estas líneas, realizó numerosas llamadas al servicio de emergencias 911 de la policía, informando falsamente la existencia de materiales explosivos en entidades públicas y privadas, con la clara intención de causar temor en la sociedad.
En este sentido, la investigadora le adjudicó nueve intimidaciones efectuadas contra edificios de los tres poderes del estado, edificios privados (un supermercado, una concesionaria de autos y una estación de servicio) y otros establecimientos públicos, entre los cuales figura una escuela y el Palacio de los Deportes Municipal. Por estos actos, el joven fue imputado por el delito de Intimidación pública reiterada.
En total, al imputado se le atribuye nueve intimidaciones realizadas los siguientes días:
-Una realizada el 15 de septiembre en una concesionaria de autos de avenida Benjamín Aráoz 1205.
-Tres efectuadas el 22 de septiembre: en un edificio de calle 9 de julio al 400, en la escuela Obispo Molina y en un supermercado ubicado en avenida Benjamín Araoz al
-Dos del 26 de septiembre, una realizada en el edificio de Tribunales Penales de avenida Sarmiento 431 y otra en una estación de servicio de avenida Benjamín Araoz y Coronel Suárez.
-Dos del 28 de septiembre, en la Casa de Gobierno y en el Palacio de los Deportes de la Municipalidad (en medio del acto de reinauguración)
-La última, realizada el 29 de septiembre en el edificio de la Legislatura
