Sergio Massa, el Ministro de Economía, instruyó a Silvina Batakis, la presidenta del Banco Nación (BNA), a que cese en sus funciones a María del Carmen Barros, quien ocupaba el cargo de gerenta general en la entidad.
La ejecutiva había quedado envuelta en un escándalo luego de que trascendiera mediáticamente que cobra un sueldo de 9 millones de pesos y que, había contratado a Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty, la numeróloga”, para un coaching por $1.800.000 y por la designación de Héctor Javier Silva, exmarido de Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del BNA, y de Juan Pablo Pedemonte, hijo de Barros, al frente de una gerencia en la casa matriz del banco.
“No podemos tener otro tema vinculado a la corrupción”, le habría ordenado Massa a Batakis, luego de que este fin de semana estallara el caso que involucra a Martín Insaurralde, que tuvo que renuncia a su puesto de jefe de gabinete bonaerense y candidato a concejal por Lomas de Zamora, luego de que trascendiera un supuesto viaje suyo a Marbella, en España, con la modelo Sofía Clérici.
Durante el fin de semana, se hizo público que el Banco Nación ha iniciado un proceso de investigación disciplinaria contra María del Carmen Barros debido a su presunta implicación en el caso de “Pitty la numeróloga” y otras contrataciones cuestionadas. Dentro del banco, se ha sostenido que este caso, que fue expuesto en un informe del programa “Periodismo para Todos (PPT)”, podría tener vínculos con la empresa cerealera Vicentin.
Además de las contrataciones de ”Pitty, la numeróloga”, Silva y Pedemonte, el fiscal apuntó también al nombramiento de Maximiliano Piantanida, amigo de Barros, como Gerente Departamental del BNA y la autorización de Batakis para que Barros perciba diversos plus y premios que suman un sueldo mensual de unos $9 millones, y al hecho de que Juan Manuel Romero, pareja de Barros, perciba $700.000 aunque, según la denuncia de Ocaña, “prácticamente no va a trabajar”.
En el entorno de Batakis señalaron que el directorio del Banco “desconocía completamente” la contratación de Asad, “por tratarse de competencias de la gerencia” y que por eso se instruyó al área de legales a iniciar “un sumario a la gerenta general, María Barros”.
