Tucumán volvió a quedar expuesta por sus indicadores sociales. El Ranking Social Provincial la ubicó en el puesto 22 entre las 24 jurisdicciones del país, apenas por encima de San Juan y Chaco. La provincia aparece así entre los territorios con peores condiciones sociales, laborales, habitacionales, sanitarias y educativas de la Argentina.
El resultado no representa una dificultad aislada ni una crisis que comenzó en los últimos meses. Es la consecuencia de problemas acumulados durante años bajo administraciones integradas por dirigentes que continúan ocupando los principales espacios de poder.
Osvaldo Jaldo, al frente del Gobierno provincial, y Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán y exministra de Salud, son hoy las caras más visibles de ese oficialismo. Ambos cuentan con una extensa trayectoria dentro del Estado y formaron parte de las gestiones que gobernaron mientras se consolidaban muchos de los déficits que ahora vuelven a aparecer en las estadísticas.
Por eso, frente a semejante resultado, ya no alcanzan las excusas. No se trata de funcionarios recién llegados ni de una fuerza política que recibió una provincia desconocida. Son dirigentes que conocen el funcionamiento del Estado, administraron presupuestos millonarios y tuvieron años para aplicar políticas capaces de modificar esta realidad.
Un ranking que desnuda el deterioro tucumano
La clasificación fue elaborada a partir de 12 variables agrupadas en cuatro grandes dimensiones: situación social, mercado laboral, vivienda y condiciones de vida. Entre los indicadores considerados aparecen la pobreza, la indigencia, el desempleo, la informalidad, el déficit habitacional, la cobertura de salud y los resultados educativos.
La Ciudad de Buenos Aires encabezó el listado, seguida por Río Negro y Tierra del Fuego. En el otro extremo quedaron Tucumán, San Juan y Chaco.
La situación tucumana resulta especialmente grave en materia laboral. Según los datos utilizados para el ranking, la provincia registra la mayor informalidad del país, con un nivel cercano al 60%. Esto significa que una parte considerable de los trabajadores desarrolla sus tareas sin aportes jubilatorios, estabilidad, vacaciones pagadas, cobertura por accidentes ni protección frente a un despido.
A esa precariedad se suman las dificultades habitacionales y los malos resultados en las pruebas educativas. El cuadro muestra una provincia en la que miles de familias no acceden a empleos de calidad, viviendas adecuadas o herramientas educativas suficientes para mejorar sus oportunidades.
No se trata solamente de una posición incómoda en una tabla. Detrás de cada indicador hay tucumanos que trabajan en negro, jóvenes que abandonan sus estudios, familias sin servicios básicos y hogares que dependen cada vez más de la asistencia estatal.
Mientras el discurso oficial insiste en exhibir actos, anuncios y obras puntuales, el ranking refleja una realidad mucho más profunda: Tucumán continúa sin resolver problemas estructurales que condicionan la vida cotidiana de una parte importante de su población.
Más de un cuarto de siglo de continuidad política
El oficialismo provincial no puede presentarse como un espectador de este deterioro. Desde 1999 se sucedieron las administraciones de Julio Miranda, José Alperovich, Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, todas surgidas del mismo entramado político que conserva el control de la provincia.
Durante ese período cambiaron los nombres, se reorganizaron alianzas y se produjeron enfrentamientos internos, pero buena parte de los dirigentes permaneció dentro de la estructura estatal.
Jaldo es uno de los ejemplos más claros de esa continuidad. Su carrera política comenzó hace décadas y ocupó cargos como intendente, legislador, ministro del Interior, vicegobernador, gobernador interino y, finalmente, gobernador electo. No puede alegar desconocimiento sobre las condiciones sociales, productivas y laborales de Tucumán.
Chahla tampoco es una figura ajena a las gestiones anteriores. Dirigió la Maternidad durante 12 años, fue ministra de Salud provincial entre 2015 y 2021, resultó elegida diputada nacional y en 2023 asumió la Intendencia de San Miguel de Tucumán.
Su paso por el Ministerio de Salud resulta especialmente relevante frente a un ranking que evalúa, entre otras dimensiones, la cobertura sanitaria y las condiciones de vida. Como intendenta de la ciudad que concentra buena parte de la población provincial, también tiene responsabilidad sobre el ambiente urbano, los servicios, la infraestructura y las desigualdades visibles en la capital.
Jaldo y Chahla no son los únicos responsables de cada problema que atraviesa la provincia, pero sí representan a un sistema político que tuvo tiempo, recursos y poder para producir transformaciones profundas. El resultado muestra que esas transformaciones no llegaron para una gran cantidad de tucumanos.
Sin excusas nacionales ni promesas de futuro
Ante cada indicador negativo, el oficialismo suele encontrar una explicación externa. La crisis nacional, la caída de recursos, las decisiones de la Casa Rosada, la pandemia o el contexto internacional aparecen de manera recurrente como argumentos para justificar los problemas provinciales.
Esos factores pueden influir, pero no alcanzan para explicar por qué Tucumán se encuentra por debajo de provincias sometidas a las mismas crisis nacionales. Tampoco explican por qué la informalidad laboral, la precariedad habitacional y las deficiencias educativas se mantienen después de décadas de continuidad política.
Las estadísticas comparativas son incómodas porque eliminan parte de las excusas. Todas las provincias atravesaron recesiones, inflación, cambios de gobierno y restricciones presupuestarias. Sin embargo, no todas terminaron en los últimos puestos.
El oficialismo tampoco puede pedir más tiempo como si recién comenzara a gobernar. Jaldo conoce la administración provincial desde adentro desde hace décadas. Chahla condujo áreas centrales y actualmente administra la capital. Ambos fueron parte del esquema de poder durante el período en el que se consolidó esta realidad.
La discusión, entonces, no debería limitarse a cómo comunicar el ranking o desacreditar sus conclusiones. El Gobierno provincial y la Municipalidad capitalina deben explicar qué políticas concretas aplicarán para reducir la informalidad, mejorar la calidad educativa, ampliar el acceso a la salud y revertir las carencias habitacionales.
Después de más de un cuarto de siglo, las promesas ya no son suficientes. Los resultados colocan a Tucumán entre las provincias con peores condiciones de vida y exponen el fracaso de una dirigencia que lleva años administrando el Estado.
Jaldo y Chahla son hoy las caras visibles de ese modelo. No heredaron una realidad desconocida: participaron de su administración. Por eso, frente a los números, ya no pueden mirar hacia otro lado ni responsabilizar únicamente a terceros.
Fuente: El Polígrafo
