La administración del presidente Javier Milei presentó un proyecto de reforma del Régimen de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que busca facilitar la incorporación al circuito formal de fondos no declarados, conocidos popularmente como los “dólares bajo el colchón”, y otorgar mayores garantías a los contribuyentes frente a las fiscalizaciones de ARCA.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que la reforma apunta a simplificar el sistema tributario, reducir la litigiosidad y generar incentivos para que más personas regularicen su situación fiscal.
Entre las principales modificaciones del proyecto se destacan los siguientes puntos:
Se eliminan los límites para adherir
La iniciativa elimina las restricciones patrimoniales y de ingresos que regían hasta ahora para acceder al régimen. De aprobarse, podrán adherir todas las personas humanas y las sucesiones indivisas, sin importar el monto de su patrimonio o de sus ingresos.
Además, se incorpora un mecanismo simplificado para los grandes contribuyentes registrados ante ARCA. En esos casos, el organismo calculará previamente el impuesto y el contribuyente solo deberá abonarlo. Sin embargo, quienes opten por esta modalidad no accederán a los beneficios previstos para el régimen general.
Cambia la definición de “discrepancia significativa”
El proyecto mantiene el criterio de que existirá una discrepancia significativa cuando ARCA detecte un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos de al menos el 15%.
No obstante, agrega un nuevo umbral de protección: aunque se supere ese porcentaje, el contribuyente no perderá los beneficios del régimen si la diferencia reclamada no alcanza el 5% del monto previsto por la Ley Penal Tributaria, actualmente fijado en $5 millones.
Según el Gobierno, este cambio busca evitar que diferencias menores provoquen la exclusión del régimen.
ARCA deberá demostrar las inconsistencias
Otro de los cambios centrales modifica la carga de la prueba durante las fiscalizaciones.
Con la reforma, será ARCA quien deba acreditar la existencia de una discrepancia significativa utilizando únicamente información declarada por el contribuyente, datos obrantes en sus sistemas o información aportada por terceros, sin recurrir a presunciones.
El proyecto también incorpora la posibilidad de que el contribuyente presente una declaración jurada rectificativa y regularice la diferencia detectada dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación. En ese caso, no perderá los beneficios del régimen.
Reintegro si ARCA pierde una impugnación
La iniciativa crea un nuevo artículo que establece que, si un contribuyente paga un ajuste para conservar los beneficios del régimen y luego la impugnación de ARCA es revocada, el organismo deberá devolver el dinero abonado junto con los intereses correspondientes.
Además, se restablecerá la presunción de exactitud de la declaración original del contribuyente, como si el cuestionamiento nunca hubiera existido.
El reintegro deberá efectuarse dentro de los 45 días hábiles posteriores a la resolución firme.
Habrá tiempo hasta fines de 2027 para regularizar fondos
El proyecto fija como fecha límite el 31 de diciembre de 2027 para exteriorizar fondos no declarados correspondientes a períodos anteriores.
Quienes adhieran podrán incorporar esos recursos al sistema formal sin costo adicional y, una vez cumplidas las condiciones previstas por la ley, ARCA no podrá utilizar esas variaciones patrimoniales para cuestionar posteriormente el origen de los fondos.
El organismo solo podrá iniciar una fiscalización cuando detecte una discrepancia significativa en los términos establecidos por la norma.
Se habilitan pagos en efectivo para operaciones inmobiliarias
La reforma también incorpora una aclaración destinada al mercado inmobiliario.
El texto establece que los pagos en efectivo realizados en escrituras públicas serán compatibles con los beneficios del Régimen de Inocencia Fiscal, siempre que las operaciones queden debidamente documentadas ante escribano.
Según el Gobierno, la modificación brinda mayor seguridad jurídica a compradores, vendedores y desarrolladores que realizan este tipo de operaciones.
Un proyecto orientado a incentivar la formalización
Desde el Ministerio de Economía sostienen que la reforma busca generar condiciones para que más contribuyentes ingresen al sistema formal, otorgando mayor previsibilidad, reduciendo la discrecionalidad en los procesos de fiscalización y fortaleciendo las garantías para quienes decidan regularizar su situación fiscal.
El proyecto deberá ahora ser tratado por el Congreso, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para convertir en ley una de las iniciativas tributarias que considera clave dentro de su estrategia de desregulación económica y fortalecimiento de la inversión privada.
