La Justicia de Estados Unidos confirmó la condena contra el Estado argentino por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral realizada en 2008 durante el gobierno de Cristina Kirchner. El fallo establece que el país deberá afrontar un pago de USD 390,9 millones más intereses al fondo Titan Consortium.
La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, que rechazó el recurso presentado por la Argentina y ratificó la sentencia de primera instancia. De esta manera, el fondo demandante quedó habilitado para avanzar con las acciones destinadas a cobrar la indemnización.
El conflicto se originó cuando el gobierno kirchnerista decidió estatizar Aerolíneas Argentinas y Austral, que en ese momento estaban bajo control del grupo español Marsans. Tras la expropiación, los antiguos accionistas recurrieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial que interviene en disputas entre Estados e inversores extranjeros.
En 2017, el CIADI falló contra la Argentina y estableció una compensación cercana a los USD 320 millones, monto que luego se incrementó con intereses y costas judiciales. Con el paso del tiempo, los derechos del litigio fueron adquiridos por distintos fondos, hasta quedar en manos de Titan Consortium.
La Justicia estadounidense había reconocido en 2024 la validez de la condena y ahora confirmó la resolución tras rechazar la apelación argentina. El fallo abre la posibilidad de que el fondo intente avanzar sobre determinados activos argentinos en el exterior, aunque la ejecución dependerá de que puedan ser alcanzados por la normativa internacional sobre inmunidad soberana.
La decisión judicial vuelve a poner bajo cuestionamiento el costo económico de las políticas de estatización impulsadas durante los gobiernos kirchneristas. Desde ese sector defendieron en su momento la recuperación de la empresa como una herramienta estratégica del Estado, mientras que sus críticos sostienen que la operación generó un elevado costo para las cuentas públicas.
En paralelo, el Gobierno de Javier Milei destacó los cambios implementados en la compañía aérea y señaló que Aerolíneas Argentinas logró reducir su dependencia de fondos estatales. Según datos oficiales, la empresa cerró 2025 con un resultado operativo positivo y sin transferencias del Tesoro para sostener su funcionamiento.
Con la confirmación del fallo, el Estado argentino deberá afrontar una nueva obligación económica derivada de aquella expropiación, casi dos décadas después de la decisión adoptada durante la gestión de Cristina Kirchner.
