Un presunto esquema de contrataciones millonarias para la construcción y reparación de paradas de colectivo en San Miguel de Tucumán volvió a instalarse en el debate público tras la difusión de un video del periodista y referente de La Libertad Avanza Tucumán, Enzo Ferreira, quien expuso documentación y detalles sobre las adjudicaciones realizadas en el marco del Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU). A partir de esa publicación, el caso ganó notoriedad y reavivó los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos municipales durante la gestión de la intendente Rossana Chahla.
Según la documentación señalada en una denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal, las obras fueron adjudicadas a la firma ATRE Impresiones, propiedad de Hugo Antonelli, mediante mecanismos de contratación directa que generan cuestionamientos sobre el cumplimiento de la normativa vigente.
La Ordenanza de Contabilidad Municipal N.º 570/80, reglamentada por el Decreto 660/80, establece en su artículo 64 que la licitación pública constituye la regla general para la contratación de bienes y servicios por parte del municipio. Sin embargo, en este caso, la totalidad de las ejecuciones físicas vinculadas a las nuevas paradas habría quedado concentrada en un único proveedor.
Desde el municipio podrían ampararse en las excepciones previstas por el artículo 70 de la misma normativa, que contempla licitaciones privadas y contrataciones directas en casos específicos, como montos reducidos o situaciones de necesidad y urgencia. No obstante, los cuestionamientos apuntan a que las obras forman parte de un plan integral de movilidad urbana, una política pública de mediano y largo plazo cuya naturaleza parecería difícil de compatibilizar con criterios de urgencia.
Además de las dudas sobre el procedimiento de contratación, otro de los puntos observados es la evolución de los costos.
La Resolución N.º 4602, del 18 de septiembre de 2024, autorizó un desembolso de $68.268.000 para la instalación de tres refugios para pasajeros, valuados en $22.756.000 cada uno. Sin embargo, menos de tres meses después, el 13 de diciembre del mismo año, el valor unitario de esos mismos refugios habría ascendido a $29.054.000. En esa oportunidad se aprobaron $377.712.412 para la construcción de 13 nuevas estructuras.
De acuerdo con los datos incluidos en la denuncia, mientras la inflación acumulada del período rondó el 8,6%, el costo unitario de los refugios registró una suba cercana al 29%, una diferencia que alimenta los interrogantes sobre los criterios utilizados para fijar los precios.
La controversia se amplía al comparar estos valores con los de refugios sin pantallas LED, también adjudicados a la misma empresa, cuyo costo unitario habría sido de $12.647.576. La diferencia entre ambos modelos abre un nuevo debate respecto del valor asignado a los componentes tecnológicos incorporados.
Las resoluciones observadas llevan las firmas de Benjamín Nieva, secretario de Movilidad Urbana; Sebastián Toscano, secretario de Economía y Hacienda; y Martín Viola, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno al momento de las adjudicaciones. Junto al nombre del proveedor Hugo Antonelli, son los actores que aparecen de manera reiterada en la documentación analizada.
El caso forma parte de una serie de presentaciones realizadas por una concejal opositora contra la administración municipal encabezada por la intendente Rossana Chahla. Las denuncias solicitan que la Justicia determine si existieron irregularidades en los procesos de contratación y en la utilización de fondos públicos.
Mientras tanto, la falta de explicaciones públicas sobre las contrataciones, la concentración de adjudicaciones en un mismo proveedor y las fuertes diferencias de precios detectadas en pocos meses continúan alimentando las críticas hacia una gestión que había prometido transparencia y eficiencia administrativa como pilares de gobierno.
