La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo presentado por Eduardo Belliboni y dejó firme la elevación a juicio oral de la causa que investiga al dirigente del Polo Obrero y a otros 17 imputados por presuntas extorsiones a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y defraudación al Estado. Con esta decisión, el expediente avanza hacia su instancia decisiva.
El Máximo Tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la recusación formulada contra el fiscal Gerardo Pollicita por no tratarse de una sentencia definitiva. De este modo, ratificó lo resuelto previamente por el juez federal Sebastián Casanello, la Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación Penal, que ya habían rechazado el planteo de la defensa.
La recusación había sido presentada bajo el argumento de una supuesta “enemistad manifiesta” entre Pollicita y Belliboni. Sin embargo, los tribunales consideraron que no existían elementos objetivos que acreditaran esa situación y que el cuestionamiento no podía prosperar en esta etapa del proceso.
Según la acusación fiscal, entre junio de 2020 y marzo de 2024 los imputados habrían montado una estructura destinada a extorsionar a personas en situación de alta vulnerabilidad social. La maniobra consistía en exigir a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo la entrega de parte del dinero recibido y la participación obligatoria en marchas y piquetes, bajo amenaza de perder el acceso al plan.
Además, la investigación sostiene que el grupo habría defraudado al Estado nacional mediante la presentación de facturas apócrifas y rendiciones falsas, lo que habría permitido el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos.
La causa se inició a fines de 2023, luego de que el Gobierno de Javier Milei habilitara la línea telefónica 134 para recibir denuncias anónimas de beneficiarios de planes sociales. A partir de esos llamados, la Justicia comenzó a reconstruir un esquema que, según los investigadores, operaba desde hacía años sin controles efectivos. Desde el Ejecutivo destacaron que la apertura de ese canal fue clave para que las víctimas pudieran denunciar prácticas extorsivas que permanecían silenciadas.
En su resolución, el juez Casanello señaló que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor recibieron más de 361 millones de pesos para proyectos productivos, laborales y comunitarios, pero que una parte sustancial de esos fondos fue administrada de manera irregular. El fallo describe rendiciones de cuentas falsas, facturas emitidas por empresas inexistentes, simulación de gastos, transferencias a personas allegadas y el uso de cheques para ocultar el destino real del dinero, además de montos que nunca fueron rendidos ante el ministerio correspondiente.
Durante la investigación también se mencionó el rol de funcionarios que debían controlar esos fondos. El fiscal Pollicita solicitó la indagatoria de Emilio Pérsico, ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández, al considerar que la maniobra del Polo Obrero habría sido posible por la omisión deliberada de controles estatales. Si bien Pérsico no fue enviado a juicio en este expediente, la fiscalía sostuvo que existió connivencia que permitió la continuidad del esquema.
Belliboni negó las acusaciones y calificó la causa como una “persecución política”. No obstante, con el rechazo de la Corte Suprema quedaron firmes todas las decisiones judiciales que habilitan el juicio oral, donde se debatirán las responsabilidades penales de los imputados.
Así, la causa Polo Obrero entra en su etapa final con un fuerte impacto político y social. El avance del expediente refuerza la estrategia del Gobierno de Javier Milei de exponer y judicializar los mecanismos de intermediación y coerción en el manejo de planes sociales, y coloca a Belliboni y a la conducción del Polo Obrero ante el escrutinio de un tribunal oral.
