La Justicia de Tucumán dictó tres meses de prisión preventiva para Justina Gordillo (48), detenida en el marco de la investigación por el crimen de Erika Álvarez. La medida fue dispuesta este martes por el juez Bernardo L’Erario Babot, quien hizo lugar al pedido del fiscal Pedro Gallo, con la adhesión de la querella a cargo de Carlos Garmendia.
Gordillo fue imputada por el delito de encubrimiento personal y real doblemente agravado, en razón de la gravedad del delito precedente y de su condición de funcionaria pública, ya que se desempeña como empleada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Sin embargo, no quedó imputada por el homicidio de la joven.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la mujer habría tenido un rol clave en las maniobras posteriores al crimen. Entre los principales puntos de la imputación se encuentran su presunta participación en el ocultamiento del cuerpo de la víctima, la destrucción de evidencia —particularmente el teléfono celular de Erika Álvarez— y la ayuda brindada a su pareja, Felipe Sosa, para facilitar su fuga de la provincia tras el hecho.
Durante la audiencia, la defensa de Gordillo, ejercida por los abogados Camilo Atim y María Florencia Abdala, solicitó que se le conceda el arresto domiciliario. No obstante, el magistrado resolvió imponer prisión preventiva de cumplimiento efectivo por el plazo de tres meses, al considerar que existen riesgos procesales y elementos suficientes que justifican la medida.
Desde la investigación, a cargo de los comisarios Susana Montero, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, aclararon que Gordillo no está acusada como autora material del crimen. Entre los argumentos que, por el momento, la excluyen de esa hipótesis se destaca que habría sido una de las primeras personas en retirarse de la vivienda de calle Santo Domingo al 1.100, donde ocurrió el ataque, y que su contextura física no le habría permitido reducir a la víctima.
Pese a ello, los investigadores sostienen que su grado de conocimiento sobre lo ocurrido sería mayor al que declaró. Testimonios incorporados a la causa, entre ellos los de familiares de Erika Álvarez, indican que Gordillo habría hostigado a la joven a través de redes sociales antes del crimen.
La causa reconstruye un escenario previo complejo. De acuerdo con la hipótesis fiscal, antes del asesinato se habría producido un encuentro sexual grupal con consumo de estupefacientes, del que participaron Erika Álvarez, Felipe Sosa, Justina Gordillo y al menos dos hombres que aún no fueron identificados. Además, la Policía busca a otras cuatro personas que habrían colaborado en el traslado y descarte del cuerpo, quienes podrían estar vinculadas a la empresa de seguridad privada del principal acusado.
Erika Álvarez, estudiante de enfermería, fue asesinada a golpes en una vivienda de Yerba Buena. La investigación sostiene que fue inmovilizada mediante una técnica de estrangulamiento, atada y posteriormente descartada en un basural de Manantial Sur.
Por el homicidio está imputado Felipe “El Militar” Sosa, exmilitar con formación en la Legión Extranjera francesa y socio gerente de una empresa de seguridad privada. Sosa fue detenido en Buenos Aires cuando intentaba salir del país y posee antecedentes por hechos de violencia de género.
En paralelo, la Justicia investiga posibles conexiones con el narcotráfico. Un ciudadano paraguayo identificado como C. F. B., apodado “El Mayor”, señalado como presunto líder de una organización dedicada al tráfico aéreo de marihuana, mantenía económicamente a la víctima. Los investigadores buscan determinar si tuvo conocimiento del crimen o algún grado de participación.
La causa continúa en etapa investigativa, con medidas en curso para identificar a otros posibles implicados y reconstruir de manera completa lo ocurrido antes y después del asesinato de Erika Álvarez.
