Tapia declara $800M anuales sin ahorros, pero suma bienes y aparece ligado a CEAMSE y a sospechas en la financiera Sur Finanzas.
La reciente declaración jurada de Claudio “Chiqui” Tapia volvió a encender las alarmas. Según los documentos presentados, Tapia declaró ingresos superiores a los $800 millones anuales, una cifra descomunal incluso para los parámetros del fútbol sudamericano. Sin embargo, el dato más desconcertante no es cuánto gana, sino lo que dice no tener: asegura no poseer ahorros, inversiones financieras, cuentas bancarias ni dinero en efectivo, lo que sí se sabe es que posee una residencia en Beccar valuada en más de U$S15,7 millones y varias propiedades en Río Luján, San Juan y la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, informó la posesión de dos vehículos adquiridos con ingresos propios, valuados en $22 y $5 millones respectivamente, y la venta de otro rodado que le generó $44 millones extra en el último año. Un dirigente con ingresos extraordinarios que supuestamente vive sin reservas.
Tapia sostiene que sus ingresos provienen principalmente de su rol como vicepresidente segundo de la Conmebol —donde declara cobrar alrededor de $60 millones mensuales con una dedicación de 120 minutos semanales— y de su cargo en la CEAMSE, que cabe recordar, luego de su desplazamiento en noviembre de 2024 fue declarado a dedo por Axel Kicillof nuevamente como director, desde donde sumaría otros $8 millones al mes. Con ese nivel de remuneración, la ausencia total de ahorros se vuelve un dato difícil de digerir. Más aún cuando su patrimonio inmobiliario contradice esa imagen austera muy distinta a su declaración.
A este escenario se suma un nuevo elemento que complica aún más la situación. Recientemente, una investigación de la DGI / ARCA puso bajo la lupa a la financiera “Sur Finanzas”, vinculada a personas del entorno de Tapia. El organismo denunció maniobras sospechosas por más de $818 mil millones, realizadas a través de una billetera virtual utilizada por empresas apócrifas, monotributistas de escasos recursos y sujetos no categorizados. La presentación judicial habla de operaciones inconsistentes y de una evasión impositiva superior a los $3.300 millones por no pagar el impuesto a los débitos y créditos. El caso quedó en manos de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora.
Además, recordemos que ARCA mantiene a Chiqui bajo la lupa y sostiene que el movimiento de fondos detectado no puede considerarse un simple error administrativo. Para los investigadores, la estructura operativa de Sur Finanzas muestra indicios de lavado de dinero y ocultamiento de fondos mediante sociedades fantasma, un patrón que inevitablemente vuelve a poner en cuestión la transparencia económica del dirigente más poderoso del fútbol argentino.
La combinación de estos elementos crea una imagen inquietante. Por un lado, un funcionario que declara ingresos exorbitantes, pero que afirma no tener ahorros. Por otro, una financiera cercana que aparece implicada en maniobras irregulares de enorme magnitud. Y en el medio, un patrimonio de bienes raíces que crece sin que quede del todo claro cómo se sostiene esa expansión.
En cualquier país con estándares estrictos de transparencia, esta contradicción entre lo que se declara y lo que se observa en la práctica sería motivo suficiente para una investigación profunda. En Argentina, en cambio, la explicación oficial se limita a papeles fríos que no resisten el más mínimo análisis lógico. La dirigencia del fútbol, un espacio históricamente opaco, vuelve a mostrar la misma lógica de siempre: ingresos que no se entienden, patrimonios que crecen sin explicación clara y vínculos financieros que aparecen cuando la Justicia decide mirar.
Mientras la mayoría de los clubes lucha para pagar sueldos y sostener su funcionamiento básico, el presidente de la AFA presenta números que superan ampliamente —por varias veces— lo que gana cualquier jugador de la liga local, cualquier trabajador esencial e incluso muchos ejecutivos del sector privado. En un país donde la desigualdad es visible en cada rincón, la declaración de Tapia se vuelve un símbolo de un modelo de dirigencia que parece vivir desconectado de la realidad que administran.
La Justicia ahora tiene la palabra. Lo que está en juego no es solo la credibilidad de un dirigente, sino la transparencia de toda una estructura que maneja millones, define políticas deportivas y se escuda en informes formales que nunca responden las preguntas de fondo. La sociedad merece saber si detrás de estas cifras hay desprolijidad, negligencia o algo más grave. Y sobre todo, merece un fútbol conducido por dirigentes que rindan cuentas, no por figuras que se refugian en declaraciones que no cierran por ningún lado.
