La moneda digital “Ferro”, implementada por la Municipalidad de Tafí Viejo como medio de pago local, quedó en el centro de la polémica tras una denuncia penal presentada por el abogado Alfredo Aydar, quien cuestionó su legalidad y reclamó la intervención de organismos nacionales.
Según el escrito judicial, el “Ferro” —creado en 2020 por el entonces intendente Javier Noguera durante la pandemia— funcionaría como una cuasimoneda sin aval del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ni respaldo normativo del Concejo Deliberante. En los últimos años, la aplicación “Billetera Ferro” permitió a los vecinos recargar saldo con dinero en efectivo y utilizarlo para realizar compras y pagar servicios dentro del municipio.
El denunciante sostiene que esta operatoria podría encuadrar en delitos como usurpación de autoridad, intermediación financiera no autorizada, evasión fiscal y administración fraudulenta agravada. Además, advirtió que algunos trabajadores municipales habrían percibido parte de sus haberes en esta moneda digital, lo que configuraría irregularidades laborales y tributarias.
“La existencia y operativa del Ferro no solo desafía preceptos fundamentales de nuestra Constitución y leyes federales, sino que también crea un precedente peligroso que podría ser imitado por otras jurisdicciones, provocando una fragmentación monetaria y fiscal con consecuencias graves”, detalla la denuncia.
Aydar pidió la intervención del BCRA, la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), así como la adopción de medidas cautelares para suspender la circulación del sistema, secuestrar documentación y disponer la inhibición de bienes de los funcionarios responsables.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la gestión local encabezada actualmente por la intendenta Alejandra Rodríguez, esposa del exintendente y reciente diputado nacional electo Javier Noguera, aliado político del gobernador Osvaldo Jaldo. Críticos del oficialismo señalan que el uso continuado del “Ferro” se mantuvo sin controles institucionales, pese a los cuestionamientos sobre su legalidad y transparencia.
Mientras tanto, la Justicia deberá determinar si la moneda digital impulsada por la administración taficeña se ajusta al marco normativo vigente o si, como plantea la denuncia, vulnera competencias exclusivas del Estado nacional en materia monetaria y financiera.
