Clientelismo sin límites: en los dos meses previos a las elecciones legislativas, el gobierno de Osvaldo Jaldo destinó $170,9 millones en subsidios a organizaciones sociales, a razón de $2,84 millones por día, beneficiando a más de 3.200 personas bajo un esquema discrecional y sin criterios transparentes.
En la recta final hacia las elecciones legislativas nacionales, el Poder Ejecutivo de Tucumán —encabezado por Osvaldo Jaldo, actualmente en uso de licencia por su candidatura testimonial— desplegó una estrategia de asistencia económica que reaviva las sospechas de clientelismo político.
Un relevamiento de Tendencia de Noticias sobre las publicaciones del Boletín Oficial revela que, entre el 20 de agosto y el 20 de octubre, se entregaron 90 subsidios por un total de $170,9 millones a diversas organizaciones sociales, beneficiando a 3.273 personas.
El ritmo de entrega fue constante: $2,84 millones diarios durante 60 días. Sin embargo, lo que más llama la atención es la ausencia total de criterios uniformes. Las diferencias entre montos y beneficiarios evidencian un reparto discrecional, difícil de justificar en términos de equidad o necesidad real.
Por ejemplo, el Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA) recibió $3,1 millones para 31 personas, mientras que la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD), con una nómina similar, obtuvo apenas $1,5 millones. A su vez, la Corriente Clasista y Combativa, con 134 personas, accedió a $2,37 millones; y la organización Miles de Sonrisas, con solo seis integrantes, recibió $300.000.
El caso más notorio es el del Frente Social Justicia, que con siete personas registradas obtuvo $1 millón en subsidios.
Las organizaciones “Voces de Barrio” y “Libres del Sur”, esta última vinculada al actual ministro de Desarrollo Social Federico Masso, concentraron el 28,4% del total de los fondos distribuidos, con $24,3 millones cada una.
El análisis también muestra un comportamiento llamativo en la dinámica mensual: del 20 de agosto al 20 de septiembre, se aprobaron 47 subsidios por $110,5 millones; mientras que entre septiembre y octubre, la cifra cayó a $60,3 millones, un 45% menos, justo cuando ya estaba en marcha la veda electoral.
Todos los pagos fueron gestionados por el Ministerio de Gobierno y Justicia, bajo la firma de Regino Amado, y ejecutados a través del Banco Macro, sin comisiones adicionales para el Estado.
El volumen y el momento de estas transferencias, sumado a la falta de parámetros claros, refuerzan la percepción de un uso electoral de los recursos públicos.
Mientras las urnas se preparan para el domingo, el reparto millonario de subsidios vuelve a poner al clientelismo en el centro del debate político tucumano.
