La Justicia Federal ordenó a los municipios de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena retirar los carteles de Fuerza Republicana que muestran a Ricardo Bussi junto al presidente Javier Milei, y advirtió que el incumplimiento podría derivar en una causa penal por desobediencia judicial.
El Juzgado Federal con competencia electoral de Tucumán, a cargo del juez José Manuel Díaz Vélez, hizo lugar al pedido del fiscal Alberto Vehils Ruiz y rechazó el recurso presentado por Fuerza Republicana, que alegaba “imposibilidad material y logística” para cumplir con la orden judicial de retirar la cartelería en la que aparecen Ricardo Bussi y Javier Milei.
La resolución dispuso que los municipios de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena procedan al retiro inmediato de toda la publicidad con la imagen del presidente, con los costos a cargo del partido de Bussi. Además, advirtió que el incumplimiento podría constituir el delito de desobediencia judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal.
El fiscal Vehils Ruiz sostuvo que el incumplimiento “no resulta jurídicamente imposible, sino que implica una conducta ilícita continuada”, al mantener en exhibición material que puede inducir a error al electorado. Citó el artículo 140 del Código Electoral Nacional, que considera delito permanente la difusión de propaganda con símbolos o imágenes de otras agrupaciones políticas.
Aunque la Justicia concedió un nuevo plazo de 12 horas desde la notificación del 21 de octubre para cumplir con la orden, advirtió que, si el partido no retira los afiches, los municipios deberán hacerlo de manera inmediata y con los gastos a cargo de Fuerza Republicana.
Asimismo, el juez ordenó notificar a la Dirección Nacional Electoral (DINE) para que elimine de manera urgente toda publicidad audiovisual o digital del partido que incluya la imagen de Milei o símbolos de La Libertad Avanza.
El caso se enmarca en la causa por la utilización indebida de la imagen del presidente Milei en la campaña de Fuerza Republicana. La Justicia había dispuesto el cese inmediato de toda difusión que pudiera inducir a error al electorado, al presentar a Bussi como parte de La Libertad Avanza, espacio del que fue expresamente excluido.
La resolución judicial coloca a Fuerza Republicana en una situación compleja, ya que la persistencia en el incumplimiento podría derivar en sanciones penales y económicas. La medida busca garantizar el cumplimiento de las normas electorales y preservar la transparencia en la comunicación política durante la campaña.
