El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC) decidió avanzar en la investigación contra la comisionada comunal de Las Cejas, Cristina Contreras, por la presunta utilización de recursos públicos en la construcción de una vivienda particular en El Cadillal.
El organismo requirió copias de los Libros Banco y Extractos Bancarios correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2024, con el objetivo de determinar si los materiales y pinturas que figuran en facturas incorporadas al expediente fueron pagados con dinero de la comuna.
La denuncia fue presentada por el dirigente Enrique Romero, quien aseguró haber recibido información sobre el presunto desvío de fondos. Además, el caso tiene una arista penal, ya que se radicó una denuncia ante la Justicia que involucra también al ex comisionado comunal y esposo de Contreras, Hugo Alfredo Lazarte.
Según el acuerdo 4.339 del Tribunal de Cuentas, los proveedores confirmaron la autenticidad de las facturas, que suman más de $2 millones, y que figuran a nombre de la comuna. Pese a los requerimientos oficiales, la administración de Las Cejas no presentó aún los libros ni los extractos bancarios exigidos, y las facturas no habrían sido incluidas en las rendiciones bimestrales de gastos.
Contreras negó haber realizado compras con fondos públicos y afirmó que se trata de un “complot político”, aunque el organismo de control consideró que existían elementos suficientes para continuar el proceso administrativo. En paralelo, el TC ya había sancionado a la delegada por falta de rendiciones y dictado un cargo fiscal de $900.000 contra la comuna.
El caso se suma a una serie de denuncias por manejos irregulares en distintas comunas del interior tucumano, muchas de ellas vinculadas al aparato político peronista que responde al gobernador Osvaldo Jaldo. Contreras, cercana al oficialismo provincial, enfrenta además reclamos de ex empleados comunales que la acusan de retener tarjetas de cobro y parte de los sueldos.
Desde sectores opositores solicitaron la intervención de la comuna de Las Cejas, argumentando que este tipo de situaciones reflejan las viejas prácticas de la política provincial, donde los recursos públicos se utilizan en beneficio personal o partidario, en lugar de destinarse a obras y servicios para los vecinos.
La investigación del Tribunal de Cuentas continúa y se espera que en los próximos días se definan los pasos a seguir, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de fondos en las comunas rurales de Tucumán.
