La Justicia federal avanzó en la investigación por el ataque con piedras contra el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, durante una caravana de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.
El juez de Quilmes, Luis Armella, quien subroga el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Thiago Román Florentín, de 22 años, acusado de haber arrojado proyectiles contra la comitiva presidencial.
Si bien no quedó detenido, el magistrado le impuso una serie de “normas de conducta” que deberá cumplir estrictamente. Entre ellas se encuentra la prohibición de generar actos de violencia en espacios públicos, una medida que busca evitar nuevas agresiones y cuyo incumplimiento podría derivar en su inmediata detención.
La decisión judicial envía un mensaje claro: la violencia política no quedará impune en la Argentina.
Florentín reside en Alejandro Korn, partido bonaerense de San Vicente, y milita en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), agrupación de izquierda que se presenta bajo la consigna “Votamos luchar por el cambio social”, cambio que por lo visto va en contra de lo que eligió el pueblo argentino en la últimas elecciones.
Lejos de marcar distancia con el hecho violento, el propio MTR reconoció públicamente la identidad de Florentín y exigió su liberación. “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya! Detenido por luchar”, publicó la organización en sus redes sociales, acompañando el mensaje con fotos del joven.
La reacción no se limitó al MTR. El grupo “Barrios Lomas” difundió en Facebook un comunicado en el que reclamó “la libertad y el desprocesamiento” del acusado. Además, convocaron a manifestaciones en apoyo a Florentín, acompañadas de panfletos con su rostro.
El discurso de estas agrupaciones repite un patrón: justificar la violencia bajo la excusa de la protesta social. Una estrategia que en Argentina ya dejó décadas de caos, descontrol y complicidad política en nombre de supuestas luchas populares.
Mientras el kirchnerismo y la izquierda buscan relativizar estos hechos, el gobierno de Javier Milei insiste en que el orden democrático y la seguridad son innegociables. La agresión a la caravana fue un acto directo contra el jefe de Estado y su equipo más cercano, un hecho que no puede naturalizarse ni minimizarse.
El oficialismo, con el respaldo de buena parte de la sociedad, marca un contraste con la vieja lógica de impunidad. Hoy, quienes eligen la violencia como método saben que se enfrentarán a la Justicia.
El caso seguirá su curso, pero ya dejó expuesto algo central: mientras el gobierno nacional trabaja por ordenar la economía y encarar reformas estructurales, ciertos sectores de la izquierda se atrincheran en métodos violentos y buscan victimizar a quienes agreden, movidos por intereses propios como siempre fue en la hisotria de este país.
Lo ocurrido en Lomas de Zamora fue un ataque directo a Javier Milei, quien representa ni más ni menos que a la investidura presidencial. Y la decisión de la Justicia es un paso firme para que la Argentina nunca más retroceda a la cultura de la violencia política, contra el peublo y a favor de los mismos de siempre.
