La Legislatura de Tucumán aprobó este miércoles la ratificación del convenio que transfiere a la provincia la gestión de una obra energética considerada estratégica: la ampliación de la línea de alta tensión entre El Bracho y Villa Quinteros, junto con la construcción de una estación transformadora en Leales, pero mediante la contratación de una empresa con historial y precios dudosos.
La inversión, que asciende a $51.127 millones y US$18,3 millones (valores actualizados a marzo de 2025), apunta a reforzar el suministro eléctrico en el sur tucumano, el Gran San Miguel, el oeste de Catamarca y el sur de Santiago del Estero.
Sin embargo, el debate legislativo estuvo atravesado por cuestionamientos hacia la empresa adjudicataria, la unión transitoria de empresas Sinohydro Corporation LTD-CODELER S.A. Tucumán, de capitales chinos. Legisladores opositores advirtieron sobre un “posible sobrecosto” en el contrato y recordaron antecedentes de incumplimientos de la compañía en otras jurisdicciones, lo que vuelve a poner bajo la lupa la forma en que el gobierno provincial maneja las contrataciones de grandes obras públicas.
El acuerdo establece que la Nación, a través de la Secretaría de Energía, aporta una suma fija para la obra, mientras que Tucumán asume la totalidad de las responsabilidades: supervisión, aprobación de facturas, control de ejecución e incluso los riesgos financieros derivados de la inflación. “El monto se actualizó a marzo de 2025 y no se modificará en adelante, lo que significa que cualquier incremento correrá por cuenta de la provincia”, explicó en el recinto el legislador oficialista Carlos Gallia.
De esta manera, Tucumán se convierte en el único comitente del contrato, con la obligación de afrontar futuros aumentos de costos, en un contexto de marcada volatilidad económica.
Una legisladora expresó: “Reforzar el suministro eléctrico es muy bueno, pero conlleva un endeudamiento de la provincia. Esta UTE extranjera ha tenido incumplimientos en los tiempos de ejecución de obras, ha generado sobrecostos y, en algunos casos, hasta problemas técnicos. Hay que estar atentos a las auditorías y definir responsabilidades”.
Si bien ningún sector cuestionó la importancia estratégica del proyecto —que busca dar respuesta a más de 15 años de reclamos por cortes y falencias en la red troncal—, la polémica se centró en el modo de ejecución. Desde la oposición remarcaron que no es la primera vez que el gobierno tucumano recurre a empresas con historial de sobreprecios y obras demoradas.
Es una obra prioritaria, pero si se repiten las prácticas de siempre en la contratación, los tucumanos volveremos a sufrir las consecuencias.
La ratificación del convenio implica que Tucumán asume la plena responsabilidad de financiar cualquier costo adicional, mientras las dudas sobre Sinohydro Corporation LTD se multiplican. La compañía, con presencia en varios países de la región, ya fue señalada en otros procesos por incumplimientos contractuales y falta de transparencia.
En ese marco, legisladores opositores advirtieron que la situación podría convertirse en un nuevo caso de “contratación a sobreprecio” que afecte directamente las finanzas provinciales.
La obra de la línea El Bracho-Villa Quinteros es vista como una oportunidad para mejorar la infraestructura energética de Tucumán. No obstante, las críticas hacia la contratista y la decisión del gobierno de trasladar a la provincia todos los riesgos financieros vuelven a instalar un viejo debate: la falta de controles efectivos y la reiterada elección de empresas cuestionadas para proyectos millonarios.
En la práctica, la provincia se juega no solo el éxito de una obra clave, sino también su credibilidad en materia de gestión de fondos públicos, en un contexto donde la desconfianza hacia la “vieja política” y sus métodos se hace cada vez más evidente.
