El presidente Javier Milei firmó los vetos a las leyes que establecían un aumento en las jubilaciones y declaraban la emergencia en discapacidad. Ambas normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, pero el Ejecutivo postergó su publicación con el objetivo de dilatar su tratamiento en Diputados. Los decretos se oficializarán este lunes en el Boletín Oficial.
Según argumenta el Gobierno, las leyes vetadas violaban el equilibrio fiscal que logró establecerse tras meses de disciplina económica. Desde la Casa Rosada aseguran que las iniciativas votadas en el Congreso implicaban un fuerte aumento del gasto sin fuentes claras de financiamiento, y que su implementación pondría en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas. “No vamos a retroceder con medidas que comprometan el esfuerzo de todos los argentinos”, señalaron desde el entorno presidencial.
Mientras tanto, el oficialismo busca garantizar apoyo en la Cámara de Diputados para sostener los vetos y evitar que se insista con las leyes. En ese marco, se profundizaron las negociaciones con gobernadores y bloques aliados. Uno de los movimientos más relevantes de los últimos días fue la incorporación de cinco diputados radicales al bloque de La Libertad Avanza: Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero.
El Gobierno apunta también a consolidar acuerdos con el PRO y con sectores del federalismo que comparten la necesidad de una administración austera. La conducción política de esta estrategia está a cargo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Entre todos, ya mantuvieron reuniones con al menos siete gobernadores: Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
Además de las negociaciones por el respaldo legislativo, el Ejecutivo mantiene contactos por distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y eventuales alianzas electorales con vista a los comicios del 26 de octubre. En todos los casos, la prioridad declarada es sostener el rumbo económico y no convalidar leyes que impliquen aumentos automáticos del gasto público.
En cuanto a los tributos, el Gobierno dejó en claro que no apoyará modificaciones al esquema de recaudación del impuesto a los combustibles. La única concesión en análisis es la cesión parcial del porcentaje destinado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Por fuera de eso, el Ejecutivo continuará con su política de acuerdos “uno a uno” con los mandatarios provinciales, que incluye condonación de deudas y transferencias específicas en función del compromiso con las metas fiscales.
La posición de Milei es firme: no avalará medidas que comprometan el superávit financiero alcanzado en los primeros meses de gestión. “Es el equilibrio fiscal o la decadencia”, repiten en Balcarce 50. Con los vetos, el Presidente no solo ratifica su rumbo, sino que también busca trazar una línea divisoria clara entre quienes acompañan el orden económico y quienes promueven el gasto sin respaldo.
