El Gobierno sostiene la constitucionalidad del decreto de la eliminación de Vialidad y apelará la medida judicial que interfiere en su plan de modernización
El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo dictado por el Juzgado Federal de San Martín, que suspendió por seis meses la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida había sido dispuesta a través del decreto 461/2025, como parte del proceso de modernización, eficiencia y reordenamiento del Estado impulsado por el presidente Javier Milei.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue quien oficializó la decisión a través de redes sociales: “El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional. Fin”, expresó, dejando clara la postura del Ejecutivo frente a lo que consideran una intromisión judicial que obstaculiza una política pública legítima.
Vialidad y la necesidad de transformar estructuras ineficientes
Desde la Casa Rosada defienden la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad como parte de un rediseño integral del Estado, que busca eliminar organismos sobredimensionados, con bajo nivel de eficiencia y alto costo fiscal. “No se trata de desmantelar el Estado, sino de hacerlo más ágil, moderno y al servicio del ciudadano”, explicaron fuentes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
En ese sentido, el Gobierno cuestiona que un fallo cautelar pueda frenar una medida adoptada por decreto, dentro del marco legal que le corresponde al Poder Ejecutivo. La eliminación de Vialidad, sostienen, es una decisión administrativa fundada en criterios técnicos y económicos, y responde a la necesidad urgente de ordenar las cuentas públicas y racionalizar el gasto.
El fallo y la apelación del Gobierno
La jueza Martina Isabel Forns, que hizo lugar a la presentación del gremio Sevina, argumentó su decisión en la posible vulneración de derechos laborales. Sin embargo, desde el Ejecutivo advierten que no se trata de despidos masivos, sino de una reestructuración que contempla reubicaciones y soluciones administrativas dentro del Estado.
“No hay ninguna política de ajuste salvaje. Lo que hay es una política de orden, basada en la realidad económica que atraviesa el país. No podemos seguir sosteniendo estructuras heredadas que no dan respuestas concretas a la gente”, afirmaron desde Presidencia.
Además, remarcan que la reforma no deja a ningún argentino sin mantenimiento de rutas: “Las rutas seguirán siendo prioridad. Lo que cambia es la forma de gestionar, evitando la duplicación de funciones y los gastos innecesarios”.
Una reforma en defensa del contribuyente
El cierre de Vialidad Nacional se inscribe dentro de un programa más amplio de transformación del Estado que incluye la eliminación de organismos superpuestos, el fin de privilegios corporativos y la revisión de estructuras ineficientes. Para el Gobierno, este es un paso clave hacia una administración pública más austera, eficiente y transparente.
“El Estado no puede ser una agencia de empleo perpetuo. Tiene que ser una herramienta al servicio de los argentinos que trabajan y pagan impuestos”, expresó una fuente cercana al Presidente.
En ese marco, el Gobierno considera que la apelación es necesaria para defender el principio de división de poderes y la potestad del Ejecutivo para conducir la administración pública. La pulseada judicial recién comienza, pero en la Casa Rosada están convencidos de que el rumbo elegido es el correcto: menos burocracia, más resultados.
