La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich presentó un decreto que deroga la ley orgánica de 1958 y establece una nueva estructura para transformar la Policía Federal en un organismo especializado en delitos complejos. La iniciativa busca crear un “FBI Argentino ”, pero genera críticas por su alcance y facultades extraordinarias.
El Gobierno nacional avanza con una profunda reforma estructural de la Policía Federal Argentina (PFA). La propuesta, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene como eje central la conversión de la fuerza en un organismo federal especializado en investigaciones criminales complejas, dejando atrás su histórico rol en tareas de patrullaje y prevención del delito común.
La reforma se apoya en un decreto presidencial que deroga la ley orgánica de 1958, marcando el inicio de un rediseño integral del funcionamiento, las competencias y la estructura operativa de la PFA. Según fuentes oficiales, el objetivo es crear una policía “proactiva”, con foco en la inteligencia criminal, la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y otras formas de crimen organizado. “Queremos una fuerza moderna, eficiente y especializada, como el FBI en Estados Unidos”, explicaron desde el Ministerio de Seguridad.
El fin del patrullaje
Uno de los aspectos centrales de esta reforma es la redefinición de funciones: la PFA dejará de participar en el patrullaje urbano y en la atención de delitos comunes, tareas que ya han sido traspasadas en gran medida a la Policía de la Ciudad. En cambio, su nuevo mandato estará centrado en la investigación federal y la protección de objetivos estratégicos, como fronteras, aeropuertos y centrales de inteligencia.
“Es necesario reducir y modernizar la estructura para que la Policía responda mejor a su misión principal”, señala el decreto. Esto implicará una reorganización interna, reasignación de recursos humanos y técnicos, y una orientación clara hacia el trabajo de campo y análisis investigativo.
Facultades excepcionales y polémica
Entre los puntos más controvertidos de la reforma, se encuentra la posibilidad de que la PFA pueda realizar detenciones sin orden judicial en casos específicos. Este aspecto ha sido cuestionado por sectores dentro de las propias fuerzas federales, que alertan sobre el riesgo de vulnerar derechos individuales y garantías constitucionales.
Además, el decreto declara un estado de emergencia en la Policía Federal por un plazo de dos años, lo que habilita la contratación directa de personal, la reorganización de áreas sensibles y el redireccionamiento presupuestario. Bullrich justificó esta medida señalando que “es indispensable dotar a la fuerza de herramientas ágiles para afrontar los desafíos del crimen moderno”.
El nuevo Departamento Federal de Investigaciones
La piedra angular del rediseño institucional será la creación del Departamento Federal de Investigaciones, una unidad especialmente formada para abordar delitos complejos y trabajar de manera articulada con organismos internacionales. Se prevé un crecimiento progresivo del número de efectivos capacitados, con formación específica en análisis criminal, ciberseguridad, operaciones encubiertas y cooperación interjurisdiccional.
Este nuevo cuerpo será el eje operativo de la PFA en la era post-reforma y concentrará la mayor parte de los recursos humanos y tecnológicos destinados a la lucha contra el crimen federal.
Críticas y evaluación parlamentaria
Si bien desde el Gobierno destacan el carácter “estratégico” y “urgente” de la reforma, diversos sectores políticos y judiciales manifestaron preocupación por el alcance del decreto. Voces dentro del Congreso advirtieron sobre el riesgo de centralizar demasiado poder en una sola fuerza, lo que podría dificultar la articulación con otras fuerzas federales y provinciales.
La normativa deberá ser evaluada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, encargada de revisar la validez de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Desde la oposición ya adelantaron que exigirán explicaciones detalladas y mayores controles sobre las nuevas facultades que se otorgarán a la PFA.
Un modelo que se repite en el tiempo
No es la primera vez que un gobierno argentino impulsa una reforma profunda de las fuerzas de seguridad federales. Sin embargo, muchas de esas iniciativas quedaron truncas por falta de consenso, resistencias internas o cambios de gestión. En este caso, Bullrich apuesta a una transformación rápida, efectiva y con respaldo político, aunque aún está por verse si el Congreso, las organizaciones civiles y las propias fuerzas acompañarán el plan.
La reforma de la Policía Federal representa uno de los cambios más ambiciosos del gobierno nacional en materia de seguridad. Si se implementa según lo previsto, la Argentina podría contar con una fuerza federal moderna y especializada. Pero si se desdibuja en el camino, corre el riesgo de ser, una vez más, una promesa que se repite en el tiempo sin resultados concretos.
