Con la incorporación de los cigarrillos electrónicos a la Ley Antitabaco, el gobierno provincial endurece las restricciones en espacios públicos y privados. La medida, que prohíbe su venta, importación y uso en lugares cerrados, apunta a proteger la salud de la población y a desalentar el consumo entre jóvenes.
Tucumán dio un paso firme hacia el control del consumo de productos relacionados con el tabaco al incorporar los vapers a la Ley 7.575, que regula el uso del cigarrillo y sus derivados en espacios públicos y cerrados. La medida fue promulgada por el gobernador Osvaldo Jaldo y entrará en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial.
La nueva normativa, registrada bajo el número 9.882, prohíbe la importación, comercialización, distribución y promoción de cigarrillos electrónicos en todo el territorio provincial. Además, establece un régimen sancionatorio para los comercios que incumplan con las disposiciones, incluyendo multas por la venta a menores de edad o la falta de señalización en espacios donde rige la prohibición de fumar.
Esta legislación surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los vapers, productos que a menudo son promocionados como alternativas menos dañinas al tabaco convencional, pero que contienen sustancias potencialmente cancerígenas como metales pesados y compuestos químicos de alto riesgo.
El gobierno provincial enmarca esta decisión dentro de una estrategia sanitaria más amplia, que busca reducir los índices de tabaquismo y fomentar ambientes más saludables para la comunidad. A medida que la ley entre en vigencia, se anticipa un debate público sobre la regulación de estos dispositivos y su impacto en la salud colectiva.
Con esta normativa, Tucumán se suma a la tendencia internacional de restringir el uso de cigarrillos electrónicos, en línea con recomendaciones de organismos sanitarios que advierten sobre los peligros de su consumo.
