La discusión sobre la regulación de las aplicaciones de transporte como Uber, DiDi e InDrive sigue estancada en San Miguel de Tucumán.
A pesar de que el servicio ya funciona de hecho en la ciudad, las plataformas aún no están legalmente habilitadas ni reguladas por ordenanza, lo que genera un escenario de incertidumbre tanto para los conductores como para los usuarios. Esta semana, el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, volvió a manifestar la necesidad de una reunión conjunta entre el cuerpo legislativo municipal, el Poder Ejecutivo provincial y la intendenta Rossana Chahla, con el objetivo de alcanzar un consenso que permita avanzar en la regulación.
Hasta el momento, no hay una fecha confirmada para tratar el tema en el recinto deliberativo. Aunque en los pasillos del Concejo se especulaba con la posibilidad de una sesión entre esta semana y la próxima, Juri prefirió no fijar plazos. “Todavía no hay fecha. Hay muchos proyectos presentados por concejales y yo vengo insistiendo: tenemos que tener una reunión conjunta con la intendenta y con el gobernador (Osvaldo Jaldo), porque este es un problema de toda la Provincia, y fundamentalmente del Gran San Miguel de Tucumán”, declaró el titular del cuerpo legislativo.
Juri hizo hincapié en que la solución debe contemplar un equilibrio entre todos los actores involucrados en el servicio de transporte. “Debemos poner en un plano de igualdad a todos los sectores que trabajan en este servicio público”, señaló, en alusión tanto a los choferes de taxis y remises como a quienes operan actualmente con las aplicaciones.
Por su parte, la intendenta Rossana Chahla expresó su respaldo a la necesidad de una normativa que legalice la actividad de las apps de transporte. “Presentamos hace como seis meses una ordenanza donde pusimos nuestra postura de abrir a todas las personas que quieran trabajar en estas plataformas. Esta es la tendencia y hay que hacerlo”, afirmó la jefa municipal.
Sin embargo, Chahla fue cauta al referirse a uno de los puntos más sensibles del debate: la regulación de tarifas. Si bien existe un borrador de dictamen elaborado por la comisión de Transporte del Concejo, que incluye el tratamiento de las tarifas como parte de la normativa, la intendenta admitió que ese aspecto aún no ha sido debatido en profundidad. “Con la regulación de las plataformas sí estoy de acuerdo; pero no hemos hablado todavía sobre las tarifas”, aclaró.
Mientras tanto, crece el malestar entre los conductores de apps y los usuarios del servicio, quienes reclaman una definición concreta por parte del Estado. En ese sentido, el concejal Carlos Arnedo (Acción Vecinal) expresó su preocupación por la demora en el tratamiento de la ordenanza. “La paciencia de los usuarios, como de los conductores, se está agotando. No van a esperar toda la vida por una ordenanza para usar un servicio que ya viene funcionando hace tiempo”, sostuvo el edil.
Arnedo también se mostró crítico frente a ciertas propuestas que circulan dentro del Concejo. “No voto cupificación, como tampoco podría votar una tarifa mínima ni máxima. Eso no es lo que pide el usuario, y mi compromiso es con ellos y con los conductores que están hartos de no ser escuchados”, señaló, en alusión a proyectos que buscan limitar la cantidad de vehículos habilitados o fijar topes tarifarios para el servicio.
El trasfondo del debate gira en torno a la presión de diversos sectores con intereses contrapuestos. Por un lado, están los taxistas y remiseros, que reclaman condiciones equitativas frente a la competencia de las apps, argumentando que estas últimas operan sin las exigencias legales y fiscales que sí se aplican a los servicios tradicionales. Por el otro, los conductores de plataformas exigen el derecho a trabajar libremente y sin ser perseguidos, mientras que los usuarios priorizan la libertad de elección, los costos más accesibles y la disponibilidad que ofrecen las aplicaciones móviles.
Ante la falta de consenso político, la situación se mantiene en un limbo jurídico. Aunque el servicio de apps de transporte se encuentra presente en Tucumán y crece día a día, la ausencia de una regulación oficial deja a los conductores expuestos a sanciones y a los usuarios sin garantías claras.
El desafío para las autoridades reside en alcanzar un equilibrio entre la innovación tecnológica y el ordenamiento del transporte urbano. La demanda social por una normativa es evidente, pero las diferencias entre los distintos niveles de gobierno y las posturas dentro del Concejo Deliberante dificultan una pronta resolución.
Mientras tanto, las plataformas continúan operando sin marco legal definido, en un escenario cada vez más tenso. La necesidad de una respuesta institucional se vuelve urgente. La expectativa, tanto desde el ámbito político como desde la ciudadanía, es que finalmente se logre avanzar hacia una regulación que contemple la pluralidad de intereses y garantice un servicio justo, seguro y accesible para todos.
