La Justicia podría destrabar en los próximos días la causa que mantiene suspendido el cobro del estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán. La intendenta Rossana Chahla insiste en reinstalar el sistema de cobros por estacionar en la via pública, pese a los antecedentes negativos y al rechazo social.
A casi tres años de su suspensión por orden judicial, el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán vuelve a estar en el centro del debate. El servicio, impuesto por el exintendente Germán Alfaro en 2022 y duramente cuestionado por su modelo de privatización, podría reactivarse si así lo dispone la Sala II de la Justicia provincial. El caso entró el pasado 14 de mayo en etapa de estudio para sentencia definitiva.
El esquema impulsado por Alfaro otorgaba a la empresa Tecno Agro Vial SA el 85% de lo recaudado, dejando apenas el 15% para las arcas municipales. Durante los pocos días que funcionó, se estimaron ingresos de unos $5 millones diarios, en una zona que abarcaba el microcentro y parte del macrocentro de la capital tucumana. La medida fue cuestionada por vecinos, organizaciones como Fodecus, la Defensoría del Pueblo y trabajadores informales del rubro, quienes denunciaron irregularidades en la contratación y falta de transparencia.
A raíz de estas demandas, la Sala II dictó una medida cautelar que suspendió el servicio. El expediente acumuló pruebas y argumentos en los últimos años, y recientemente se incorporó un dictamen del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de la fiscal Juana Inés Hael, que consideró que “no existe exceso” normativo por parte del municipio en la implementación del estacionamiento pago. No obstante, la Fiscalía evitó pronunciarse sobre la legalidad de fondo, al entender que esa decisión corresponde exclusivamente al tribunal.
Este posicionamiento fue leído por la gestión actual como un espaldarazo. La Fiscalía Municipal, liderada por Conrado Mosqueira, presentó un nuevo escrito solicitando el fallo definitivo, lo que aceleró los tiempos judiciales. En paralelo, desde el municipio ya evalúan alternativas para reactivar el cobro del estacionamiento, ya sea con la misma empresa u otra.
La situación abre un nuevo frente para la intendenta Rossana Chahla, que parece decidida a reinstalar el sistema pese al fuerte rechazo que generó su implementación inicial. Si bien la Justicia aún no dictó un fallo definitivo, el municipio ya actúa como si se tratara de una formalidad.
Esta insistencia resulta cuestionable. Volver a implementar un esquema que fue suspendido por graves dudas legales y sociales, y que además derivaba la mayor parte de los ingresos a una firma privada, atenta contra el interés público. Chahla, que llegó al cargo con una imagen de gestión dialoguista y moderna, corre el riesgo de repetir los errores de su antecesor.
En lugar de priorizar una solución inclusiva, transparente y beneficiosa para la ciudad, su gestión parece más preocupada por recuperar una fuente de recaudación rápida, aunque a costa del bolsillo de los vecinos y de los principios básicos de equidad. La reactivación del estacionamiento medido, tal como fue planteado, no es un avance: es una regresión disfrazada de ordenamiento urbano.
La Justicia tiene ahora la palabra. Pero la política tiene la responsabilidad de aprender de sus errores. Y hasta ahora, Chahla parece más interesada en sostener un negocio que en escuchar a la ciudadanía.
