El ex diputado provincial de Misiones, Germán Kiczka, fue condenado a 14 años de prisión por tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil. Su hermano, Sebastián, recibió una pena de 12 años también por pedofilia.
La acusación en el juicio contra Kiczka estuvo bajo la responsabilidad de los fiscales Martín Alejandro Rau y Antonio Glinka, quienes habían pedido 15 años de cárcel para el exlegislador y 12 para su cómplice.
El abogado Gonzalo de Paula se encargó de la representación del ex diputado, mientras que Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga patrocinaron a Sebastián Kiczka. Los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya (subrogante) conforman el Tribunal Penal, responsable de hacer justicia.
El alegato acusatorio, con el que se abrió la audiencia, tuvo como fundamentos principales el material encontrado en dos computadoras y un pendrive y las contradicciones en las que incurrió Germán Kiczka durante sus distintas declaraciones.
Rau destacó que se trató de un juicio “histórico”. Y tras cuatro horas de exposición de argumentos y de interpretación de pruebas pidió para el ex diputado una pena de 15 años mientras que para su hermano solicitó 12 años. Para graduar las penas, la acusación se basó en el tipo y la gran cantidad de material encontrado en poder de los Kiczka.
En ese sentido, la Fiscalía marcó que en la apertura habían advertido que las defensas intentarían confundir al Tribunal. Esto se sustentaría en dos factores. El primero, la compulsión de Sebastián y su incapacidad de controlarse, por lo que sería el único responsable y que llevaría a una internación y no a una condena. El segundo, que Germán es un perseguido político. “Es un sacrificio cínico”, consideró el fiscal Rau. “Esto se fue corroborando durante las audiencias”, señaló. “Sebastián es el chivo expiatorio de la familia”, agregó más adelante Glinka.
Glinka, en tanto, se dedicó a rebatir el planteo defensivo del exdiputado de que la causa tenía connotaciones políticas. “Nunca hubo persecución política. Hubo ganas de zafar de una persona que comete delitos”, rebatió. En otro momento, Rau reforzó el argumento, recordando que se llegó a los Kiczka a partir de una investigación internacional que identificó datos y metadatos de la conexión a la web que resultó vinculada a ellos.
En ese orden, aseveró que las defensas torcieron los hechos para sostener su teoría del caso, apelando a informes “truchos”. Incluso, apuntó que los acusados cambiaron sus declaraciones indagatorias para ajustarlas a esta maniobra.
Por otro lado, pidió que se acuse de falso testimonio al diputado provincial Pedro Puerta (quien respondió por escrito las preguntas) y a Leonardo Kiczka, padre de los acusados, por haber incurrido en supuestas falsedades en su declaración.
Pasada esta instancia, los acusados tendrán la oportunidad de decir su última palabra. Cumplido la etapa, los magistrados se retirarán a deliberar. Si llegan a un acuerdo, darán de inmediato el adelanto de la sentencia.
La mayoría de las audiencias del juicio se realizaron a puertas cerradas y sin público. Esta medida se tomó en resguardo a la intimidad de las víctimas.
La investigación que los involucra comenzó el 16 de enero de 2024. Fue a partir de un correo electrónico enviado a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) por Tom Farrel, director de Innovación de la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition – CRC).
Farrel relató que en coordinación con el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (IMEC, por sus siglas en inglés), CRC estaba trabajando en la operación denominada “Guardianes de la Niñez”. El objetivo era identificar a víctimas de abuso sexual en línea y presuntos agresores que comparten material de este tipo. Se adjuntaron las direcciones IP involucradas en los hechos ubicadas en la Argentina. De esta manera llegaron hasta el domicilio del ahora ex diputado misionero y a su hermano.
En la causa se reveló que entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero del 24, el entonces legislador provincial habría descargado y compartido 603 archivos de videos y fotos de explotación sexual infantil. También se comprobó que distribuyó “imágenes de prácticas zoofílicas” que involucran a menores de 13 años.
En la primera ampliación de indagatoria que realizó ante el Tribunal, Germán Kiczka dijo que era víctima de una “persecución política”. “El Gobierno sabe que, destruyéndome a mí, destruye a mi partido, la única fuerza opositora real de la provincia. Fui el único diputado de 40 que se opuso a leyes nefastas que el Gobierno quería implementar en detrimento de la provincia”, sostuvo.
“Me declaro total y absolutamente inocente de todos los cargos que se me imputan. Bajo juramento, declaro que nunca en mi vida busqué o descargué, me interesó y mucho menos compartí material de pornografía infantil, ni nada que se le parezca”, agregó.
Kiczka era diputado provincial por el Partido Activar. Tras la suspensión de sus fueros a fines de agosto del año pasado, se fugó. Fue encontrado días después en un camping de la localidad de Loreto, Corrientes. La Legislatura misionera decidió expulsarlo. La resolución fue unánime.
Sebastián, en tanto, intentó desvincular a su hermano de lo ocurrido en su primera declaración ante el Tribunal. “Era yo quien utilizaba la computadora Acer. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”, sostuvo con la voz algo quebrada y buscando con la mirada a Germán. El dispositivo fue secuestrado durante la investigación. Y se encontró una sesión a nombre del exdiputado.
El lunes volvió a hablar. “No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet”, alegó. Luego, relató que una noche comenzó a ver este tipo de material en una computadora en la casa de su hermano. “Me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido que eliminé todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive”, con material de abuso, relató. El dispositivo, identificado con el nombre Fiat, está incorporado a la causa.
