En el proceso de licitación de los Residuso Sólidos Urbanos (RSU) del Consorcio Metropolitano abundan las irregularidades. Un camino oscuro cuya luz al final del túnel tiene nombre y apellido, según pudo averiguar Tucumán Digital: el monopolio de Empresa 9 de Julio hecho a la medida de los deseos de Rossana Chahla. De monumento a la transparencia, nada.
El manto de silencio que logró comprar quien parece mandar en el Consorcio Metropolitano, como lo es el municipio de San Miguel de Tucumán, no será suficiente para callar la verdadera razón de una licitación por el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que claramente está orientada hacia las arcas de empresa 9 de julio. A Base de publicidad, trampas, favores, dinero, calles y postes pintados de favor, quien recoge hoy los residuos de la Capital, está cada día más cerca de quedarse con otro contrato millonario. ¿Cómo puede posible?, Una bendición escondida detrás del mensaje de “monumento a la transparencia” cuenta con cartas siempre ganadoras.
Intrusos en casa
Según pudo averiguar Tucumán Digital, en enero pasado, funcionarios del Municipio de San Miguel de Tucumán y del Consorcio Metropolitano hicieron ingresar con nombres falsos a la planta de transferencia de San Felipe y luego a la de Overo Pozo a altos mandos de Empresa 9 de Julio. Fueron escudados bajo el mensaje de que se trataba de personal de una “consultora” medioambiental.
Esto no hace más que poner en duda si el repentino y acelerado pedido de licitación por el tratamiento y disposición final de los residuos del GIRSU, que apenas contó con un margen menor a 10 días hábiles para la presentación de ofertantes, puede ser considerado “transparente”. Sigamos…
Un brindis con título de emergencia sanitaria
Luego de un cierre de 2024 en el que la Intendenta Rossana Chahla solicitó al Concejo Deliberante una sesión extraordinaria para votar sin “peros ni cuestionamientos” la extensión por cinco años de los servicios de empresa 9 de julio en la Capital, siendo un contrato de $3.200 millones mensuales al que no se le exigió ni la más mínima explicación del porqué de semejante costo millonario, en el inicio de 2025 la doctora decidió cerrar el círculo del tratamiento de RSU direccionando gentilezas nuevamente hacia la 9 de Julio.
Exactamente, el 8 de enero, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavaca, y la presidenta del Consorcio Metropolitano, María Eugenia Andrade, visitaron San Felipe y luego Overa Pozo en compañía de personal de una consultora que en realidad supo ser el apoderado de 9 de Julio, Gastón Iturrieta, y otro directivo de peso de la empresa. En el ingreso a las dos plantas, dieron acceso a los visitantes con nombres falsos, en lo que fue una maniobra orientada a tomar nota sobre el funcionamiento diario de la planta.
Luego siguió lo ya conocido, un llamado a licitación a las apuradas, con exigencias de bajar costos, pero duplicando personal y haciendo vista a gorda a propuestas para erradicar residuos con tecnología de punta y reciclaje, pero sí levantando el pulgar a propuestas donde la basura seguirá rellenando los piletones de Overo Pozo.
Está comprobado: los monopolios no dieron resultado en ninguna parte del mundo. De hecho, se crearon leyes para ahuyentar el amiguismo. Sin embargo, el lazo de conveniencia de Chahla, Migliavaca y Andrade con la 9 de Julio puede romper cualquier esquema. Sea transparente o no.
Esta trama oscura continuará…
