El legislador peronista, Gerónimo Vargas Aignasse, se había manifestado en contra “Osvaldo Jaldo y sus amigos”, hace un tiempo, cuestionando que se llevaban “ganancias”. Sin embargo, su mirada cambió trágicamente y ahora defiende a quienes antes tildaba de fraudulentos.
Luego del conflicto de “cheques por la ventanilla”, muchos peronistas salieron a defender un hecho totalmente repudiable; uno de ellos fue Vargas Aignasse, el mismo que en 2021 dijo que “con la ruptura del bloque oficialista y la creación de la bancada Lealtad Peronista -afín a Manzur- se produjo la cesantía de más de 1.100 asesores” porque “toda la ganancia es para Jaldo y sus amigos”.
El legislador del PJ cuestionó con dureza a los dirigentes opositores Roberto Sánchez, Mariano Campero, Paula Omodeo, Gerardo Huesen y Lisandro Catalán, a quienes acusó de irresponsables y deshonestos. “No deja de sorprender la irresponsabilidad y falta de honestidad intelectual por parte de los opositores”, expresó.
“No deja de sorprender la irresponsabilidad y falta de honestidad intelectual por parte de los opositores, incluyendo a Lisandro Catalán, quien hace más de veinte años no vive en Tucumán ni tiene domicilio electoral en la provincia”, disparó el legislador. Y añadió: “Son incoherentes e irresponsables en sus afirmaciones. Por un lado, hablan de desfalco y desvío de fondos asegurando que les consta, pero no presentan denuncias penales. Por otro lado, dicen que van a solicitar informes en la Cámara de Diputados, lo que implica que no tienen la información necesaria”.
Vargas Aignasse instó a los opositores a dejar de lado “las operaciones mediáticas” y, en caso de tener pruebas, presentar las denuncias correspondientes en la Justicia Federal. “Sería bueno que primero les informen a los tucumanos qué hicieron en el Congreso o en la Nación en beneficio de la provincia. La respuesta es sencilla: absolutamente nada. Necesitan un carpetazo preelectoral para aparecer en los medios y ganar notoriedad”, afirmó.
Además, el parlamentario tucumano aseguró que “no se puede hablar de un delito cuando en el propio informe de la UIF-Procelac no se imputa a ninguna persona ni se determina delito alguno”.
Según Vargas Aignasse, el informe preliminar solo solicita más información documental para verificar datos disponibles. “Como bien dijo el gobernador, cuando la Justicia lo requiera, cada intendente presentará la documentación, tal como ya lo hicieron ante los organismos de control pertinentes para su aprobación”, explicó.
Por último, el legislador señaló que este tipo de acusaciones suelen aparecer en momentos clave del calendario electoral y sugirió que los municipios gobernados por sectores opositores en provincias como Salta, Catamarca y Tucumán están siendo blanco de “operaciones mediáticas” debido a su apoyo ocasional a decisiones del gobierno nacional. “Es mucho más sospechoso el momento en el que aparece este informe que su contenido en sí”, concluyó.
