En una maniobra más que arremete contra la transparencia y el bien común, empleados municipales de distintas provincias retiran cheques por la ventanilla. El mecanismo se lleva adelante en todo el país, pero Tucumán, y específicamente Banda del Río Salí, son los que mayor cantidad de dinero injustificado retiraron de entidades bancarias según la UIF, alcanzando una cifra de $17.000 millones.
Entre enero de 2023 y junio de 2024, a través de la operatoria conocida como “cheque por ventanilla”, Banda del Río Salí se desprendió de $17.000 millones sin ninguna justificación que convenciera a las autoridades del Banco Macro, donde la municipalidad tiene sus cuentas. En cumplimiento de la ley antilavado, la entidad bancaria alertó a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre lo que ocurría en el municipio.
El Municipio gobernado por Gonzalo Monteros, hijo del exintendente Darío Monteros, sobresale por el tamaño de las operaciones: lo extraído allí representa casi el 40% de los 45.000 millones de pesos que salieron de los municipios provinciales en los últimos dos años y medio. Esto se suma a otras prácticas funestas como el giro de excesivos fondos no reintegrables en las últimas gestiones, lo que le da una posición de privilegio a una ciudad absolutamente estancada y decadente.
Según el diario La Nación, ni él (Gonzalo Monteros), ni su vocero ofrecieron explicaciones sobre la información que ya corre por varios medios nacionales y provinciales. Desde la intendencia se limitaron a señalar que recién podrán ver el asunto cuando pasen los preparativos del “Carnaval para la tercera edad”, un festival municipal celebrado el último viernes. En apenas un año y medio, el CUIT del municipio registra salidas sin justificar por $17.256.585.514.
“El análisis de las operaciones detectadas permite inferir presuntas maniobras de corrupción por parte de funcionarios públicos, empleados municipales, intendentes y firmantes autorizados de las cuentas bancarias de sus respectivas municipalidades”, señala el informe elaborado por la UIF, que giró a bancos y entidades financieras,.
En su relevamiento, la UIF detectó un segundo tipo de maniobra sospechosas: grandes sumas de dinero ingresaban en las cuentas personales de empleados públicos y luego se utilizaban para comprar dólar MEP. Según explicaron fuentes cercanas a la investigación, las alarmas se activaron porque los estos movimientos no se alineaban con el perfil transaccional de los empleados municipales.
El caso se construyó a partir de la la Ley 25.246, que obliga a bancos y entidades financieras a reportar ante la UIF cualquier operación que presente rasgos sospechosos. De no hacerlo, pueden ser consideradas cómplices de un delito financiero por encubrimiento.
En ese marco, el Banco Macro de Tucumán alertó al organismo sobre los irregulares registradas en el CUIT 30-67526419-4, correspondiente a la municipalidad de La Banda del Río Salí.
La pesquisa inicial no fue exhaustiva. Para darle un primer orden a la información proveniente de distintos municipios y bancos del país, se hizo un recorte temporal arbitrario, a los fines de establecer un marco de referencia.
Por eso, los 45.000 millones de pesos que, a criterio de los bancos, salieron de las arcas municipales sin justificación válida, no son sino un “indicio” que, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, podría derivar en una investigación de mayor alcance.
Cheques retirados por la ventanilla en todo el país
Tal como consignó LA NACION, la UIF ordenó la información que recibió desde los bancos, detectó un patrón en los retiros, elaboró una “tipología” de delito que distribuyó entre los sujetos obligados y remitió los detalles del caso a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la fiscalía especializada en este tipo de delitos. Ese último informe cuenta con todas las precisiones del caso: se incluyeron montos, retiros y nombres, algunos de los cuales coincidían con los de los empleados de los municipios investigados.
Otro dato que no pasó inadvertido entre quienes trabajaron sobre el tema fue que el volumen de retiros aumentó exponencialmente en la antesala de las elecciones presidenciales de 2023. “En 2024, se desinfló”, graficó un investigador.
Por eso, la hipótesis apuntaba a que esos fondos municipales fueron utilizados para financiar la última campaña electoral. El 30 de diciembre, la Procelac presentó una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral. Según pudo averiguar LA NACION, la cámara segmentó la información por distritos y hoy la investigación está descentralizada en cada una de las jurisdicciones implicadas.
Fue solo uno de los muchos reportes que el organismo antilavado recibió en lo últimos años. Las extracciones millonarias se registraron a lo largo y ancho del país, pero el grueso de los informes bancarios provenían de Catamarca, Salta y otros municipios de Tucumán, la provincia que encabeza el ranking de Registros de Operaciones Sospechosas (ROS). En total, el presunto caso de desfalco podría supera los 45.000 millones de pesos, según dijeron a LA NACION distintas fuentes que vieron la información de cerca.
