Patricia Bullrich: “Un ministro serio resuelve problemas”

La reciente fuga de seis presos en una alcaidía de Caballito desató un fuerte cruce entre la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff. Mientras el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires responsabilizó a Nación por la superpoblación en las alcaidías porteñas, Bullrich le respondió con dureza, recordándole que existe un convenio firmado para la transferencia de detenidos a la Ciudad.

El incidente ocurrió el domingo en la Alcaidía 6A, ubicada sobre la avenida Díaz Vélez al 5100. Durante el horario de visitas, seis detenidos maniataron a dos oficiales y lograron escapar. Dos de ellos fueron recapturados poco después, mientras que los restantes huyeron en un taxi hacia Lanús. El hecho expuso una vez más la crisis del sistema de detención en las comisarías porteñas, donde la cantidad de presos duplica el número de plazas habilitadas.

Wolff, ante la fuga, declaró que “el año pasado tuvimos un 35% más de detenidos, no hay dónde ponerlos en la Ciudad de Buenos Aires. A las fuerzas políticas que chicanean: los presos son de Nación”. Sin embargo, Bullrich no tardó en responderle y, a través de sus redes sociales, lo acusó de no hacerse cargo de la problemática: “Ministro Wolff, si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, NO FEDERALES, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como sí lo hacen las 23 provincias restantes?”.

Bullrich continuó su crítica señalando que “un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy”. La ministra destacó que la Ciudad de Buenos Aires ya cuenta con las herramientas legales para gestionar a los detenidos, y que debe asumir su responsabilidad en el tema en lugar de trasladar la culpa al gobierno nacional.

Por su parte, Wolff respondió en duros términos: “Patricia, sin mentiras ni chicanas. Los detenidos tienen que estar en cárceles federales. Lo saben todos”. El funcionario porteño agregó que “el 95% de los 2300 detenidos que están en alcaidías y comisarías de la Ciudad cometieron delitos juzgados por la Justicia nacional y les corresponde cumplir la condena en cárceles federales. Lo sabés”. También mencionó que la retención de estos presos en el ámbito porteño implica un gasto de 100 millones de dólares anuales para la Ciudad y la asignación de más de 3000 policías que podrían estar en la calle combatiendo el delito.

El convenio al que aludió Bullrich fue firmado en noviembre del año pasado entre la ministra y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En este acuerdo, la Ciudad asumió la ejecución de las penas privativas de libertad y la guarda de detenidos en forma cautelar por delitos no federales cuyo juzgamiento está a cargo de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Este traspaso fue impulsado precisamente para abordar la crisis de superpoblación y evitar fugas como la ocurrida en Caballito.

Sobre el incidente, Wolff indicó que existen elementos que sugieren negligencias graves por parte del personal encargado de la custodia. “Cuando hay negligencia o complicidad no es fuga, porque alguien le permite que salgan”, afirmó. Entre las irregularidades detectadas, mencionó que una de las policías encargadas de la seguridad se ausentó para amamantar, que los reclusos fugados usaban zapatillas en lugar de ojotas, que hubo visitas en un día inusual y que el taxi que los trasladó los esperó durante media hora.

El episodio refuerza la urgencia de abordar la crisis carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires y la necesidad de implementar soluciones efectivas. Si bien Wolff señala que el problema es de Nación, la existencia de un convenio firmado indica que la Ciudad también tiene un rol clave en la gestión de los detenidos. En este contexto, la postura de Bullrich apunta a exigir que el gobierno porteño asuma plenamente sus responsabilidades en materia de seguridad y administración penitenciaria, en sintonía con el marco legal vigente.