En la localidad salteña de Aguas Blancas se construiría un cerco de alambre en la frontera con Bolivia. El objetivo es evitar el paso ilegal de personas y el contrabando, una medida que forma parte del Plan Güemes del Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich.
El medio local “El Tribuno”, afirmó que ya se convocó a la licitación para colocar un alambrado olímpico a lo largo de los 200 metros que existen entre la terminal de colectivos y la oficina de Migraciones local. Efectivos de fuerzas federales se desplegaron en Aguas Blancas desde diciembre pasado, a fin de reforzar el control en la zona.
“Del lado boliviano se construyeron controles estrictos, pero del lado argentino no había una delimitación clara”, dijo Virginia Cornejo, directora Nacional de Vigilancia y Control de Fronteras del Ministerio de Seguridad. También dejó claro que la idea del Ministerio de Seguridad es obligar a las personas a tener que pasar sí o sí por la oficina de Migraciones.
Por otra parte, también declaró el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, quien señaló que “el alambrado se colocará dentro del murallón preventivo que se utiliza cuando el río Bermejo crece” yañadió: “La idea es delimitar claramente el acceso a migraciones para evitar que la gente pase por otros lugares sin control”.
Cabe descatar que la obra será financiada por la provincia de Salta, con supervisión de Nación, luego de constatarse que muchas personas cruzaban de forma ilegal.
Respuesta boliviana
La cancillería de Bolivia manifestó su preocupación por el anuncio del Gobierno cuando le llegó la noticia sobre la instalación de un cerco de 200 metros en la frontera con la Argentina, la cual tendrá como objetivos tratar de frenar el contrabando y generar mayores controles en la circulación de personas entre ambos países.
Desde el organismo expresaron: “Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia anunció en un comunicado que pedirá “a través de los canales diplomáticos la información sobre este tema para emprender las acciones que correspondan” y ratificó: “Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés”.
El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, dijo que esta medida “iría en contra de los tratados internacionales” y reclamó: “Tanto Naciones Unidas y la Organizaciones de Estados Americanos deberían conminar estas determinaciones, esperamos que solo sea un anuncio y no algo real. Esperemos que el presidente Javier Milei pueda reflexionar”.
Detalles sobre el cerco de alambre
El alambrado se extenderá por 200 metros y se instalará en la localidad de Aguas Blancas, en Salta, desde la terminal de micros hasta los puestos de control del Puerto de Chalanas.
El mismo se va a instalar dentro del murallón preventivo que se usa cuando crece el río Bermejo, y apunta a que quienes circulen entre ambos países lo hagan de manera legal, con los controles correspondientes. La obra será financiada por la provincia de Salta, con supervisión de Nación.
Plan Güemes para cuidar las fronteras
Esta medida estratégica de prevención engloba la problemática de delitos federales en la frontera norte de Salta, en especial en el departamento de Orán y Aguas Blancas, áreas críticas por su conexión estratégica con Bolivia. Entre los objetivos principales están el combate al narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, fortalecimiento del control fronterizo y mejora de las capacidades de análisis criminal.
La implementación incluye el despliegue de 310 efectivos de fuerzas federales y una mayor presencia en puntos críticos como el río Bermejo y la Ruta Nacional 34, conocida como la “Ruta de la Droga”. Además se busca desarticular las redes criminales y formalizar las actividades laborales informales en la zona. Contempla además la colaboración interinstitucional con autoridades provinciales y federales y el desarrollo de estrategias conjuntas para la investigación y prevención del delito.
