A través de un decreto firmado por Acevedo, el Gobierno de Tucumán prorrogó la medida que permite brindar asistencia social sin muchos fundamentos. En el último bimestre de 2024 se gastaron $ 5.000 millones en asistencialismo.
En sus días al frente del Ejectivo Provincial, el vicegobernador Miguel Acevedo extendió hasta fin de año la norma que autoriza al Ministerio de Gobierno y Justicia a otorgar ayudas sociales. La medida fue dispuesta mediante un escrito decretado el 7 de enero. El instrumento también autoriza a la cartera que conduce Regino Amado a otorgar subsidios a instituciones culturales y sociales.
El timing perfecto para brindar dádivas en el año electoral
2025 es un año de disputas electorales y campaña política. Así lo entienden el Gobernador y sus allegados, quienes avizoran que los tucumanos pueden ceder ante las mismas prácticas clientelares de siempre. Los ciudadanos irán a las urnas para renovar cuatro de las nueve bancas que le corresponden a la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación, el Ministerio de Gobierno y Justicia, área estratégica desde el punto de vista político, tendrá vía libre para otorgar millonarios subsidios con fines de asistencia social.
A través de un decreto firmado por el vicegobernador Miguel Acevedo el 7 de enero último, cuando estaba interinamente a cargo del Poder Ejecutivo, se prorrogó una norma vigente desde mayo de 2011 que faculta a esa cartera, que actualmente conduce Regino Amado, a disponer de fondos millonarios para otorgar “ayudas sociales a personas” y a hacer “transferencias a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro”.
¿Desde cuándo utilizan este instrumento para asistencialismo?
La redacción con caracter de ley lleva el número 8/14 y fue remitido a la Legislatura el 7 de enero, establece la prórroga “para el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2025, las disposiciones del Decreto N° 1450/14, de fecha 9 de mayo de 2011 y sus modificatorios”, por el cual se faculta al Ministerio de Gobierno y Justicia a utilizar fondos, lamentablemente con poca transparencia.
El decreto sostiene en sus considerandos que “persiste la situación” de crisis social que llevara al dictado de la norma dispuesta en 2011, durante la gestión del entonces gobernador José Alperovich.
Con el uso de dicha normativa, la cartera de Gobierno y Justicia solicitó en el último bimestre de 2024 dos ampliaciones presupuestarias por más de $ 5.000 millones con el fin de “brindar ayudas sociales a personas y asistencias financiaras a entidades sin fines de lucro”.
La cartera de Regino Amado y su alevosa ampliación presupuestaria
En noviembre la medida fue respaldada través del decreto 2845/2024 que le brindaba más fondos al ministerio en cuestión. El mismo fue publicado el 2 de diciembre en el Boletín Oficial con la firma del gobernador Osvaldo Jaldo, quien autorizó una transferencia por el monto de $3.340 millones, en concepto de ampliación de crédito presupuestario, para la cartera que conduce Amado.
En el instrumento se detalló que la mayor parte de ese monto, $ 3.000 millones, se destinaron a la subpartida 514 de “ayudas sociales a personas”; $ 100 millones para transferencias a “otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro”; $ 120 millones para “transferencias a empresas privadas”; y 20 millones con destino a “otras transferencias a Municipalidades y/o Comunas”.
En tanto, a través del decreto 4261/2024, que tiene fecha del 18 de diciembre, pero recién fue publicado este jueves en el Boletín Oficial, se informó sobre un nuevo pedido del Ministerio de Gobierno y Justicia para que se incremente el crédito presupuestario en la partida destinada al otorgamiento de ayudas sociales a personas (Programa 11 – U.O. N° 230).
En esta oportunidad, el instrumento, que lleva la firma del gobernador Jaldo, autoriza un incremento por $ 1.800 millones en la “partida subparcial 514” de esa cartera, con destino a “ayudas sociales a personas”.
