El 1° de enero de 2025 entró en vigencia una nueva ley fiscal impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo creado por el gobierno del presidente Javier Milei para reemplazar a la extinta Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La medida, que surge a partir de los cambios en la Resolución General 5614/2024, busca garantizar mayor transparencia en la composición de los precios al permitir que los consumidores conozcan de manera clara el impacto de los impuestos en los productos y servicios que adquieren.
La normativa estipula que empresas y comerciantes deben detallar en las facturas y tickets de venta el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otras cargas tributarias. En una primera etapa, la obligación recae sobre las grandes empresas, como los supermercados, que ya han comenzado a implementar este sistema. A partir del 1° de abril de 2025, la medida será obligatoria para todos los contribuyentes, aunque quienes ya utilizan factura electrónica verán esta actualización reflejada automáticamente en sus comprobantes.
Un paso hacia la transparencia fiscal
Desde el gobierno nacional han destacado que esta iniciativa, denominada “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor” y reglamentada por la Ley 27.743, tiene como objetivo proporcionar a los consumidores la información necesaria para comprender cómo se conforman los precios finales que pagan. De este modo, en cada factura o ticket, además del precio total, aparecerá discriminado el IVA y, en el caso de las grandes empresas, los impuestos internos que incidan en el producto o servicio.
Para los consumidores, esto representa un cambio significativo, ya que podrán identificar claramente qué parte del precio corresponde al costo del producto establecido por la empresa y cuál se deriva de la carga impositiva. Esto no solo fomenta una mayor transparencia, sino que también refuerza la libertad de los consumidores para tomar decisiones comerciales informadas.
ARCA ha asegurado que los sistemas electrónicos de facturación ya están preparados para aplicar estos cambios de manera automática. Asimismo, quienes utilicen controladores fiscales deberán actualizar el firmware de sus equipos o incorporar la información mediante software de facturación.
El peso de los impuestos en los precios
Uno de los puntos más relevantes de esta medida es el impacto que podría tener en la percepción de los consumidores sobre la carga impositiva en los precios de los bienes y servicios. Durante décadas, el debate público en Argentina se centró en la responsabilidad de las empresas y comerciantes en la formación de precios altos, mientras se omitía mencionar que más de la mitad del precio final de muchos productos está compuesto por impuestos.
El nuevo régimen fiscal busca desmitificar esta cuestión. Al discriminar el IVA y otros tributos, los consumidores podrán apreciar que el costo real del producto fijado por la empresa representa solo una parte del precio final, mientras que los impuestos conforman un porcentaje significativo del mismo. Esta información, lejos de ser un detalle técnico, contribuye a un debate más justo y equilibrado sobre los precios y la presión fiscal en el país.
Impacto positivo en el debate público
El gobierno de Milei ha subrayado que esta medida es un avance hacia la transparencia y la confianza entre el Estado, las empresas y los ciudadanos. Según ARCA, esta acción reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la claridad fiscal, promoviendo una relación más honesta y directa entre los diferentes actores económicos.
Además, desde el Ejecutivo invitaron a las administraciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normativas similares para que los consumidores puedan conocer también el impacto de los impuestos sobre los Ingresos Brutos y otros tributos municipales en los precios finales. De esta forma, se busca ampliar el alcance de la transparencia fiscal a nivel subnacional.
Un cambio necesario en el enfoque de la política fiscal
Durante años, el enfoque de la política fiscal argentina se centró en responsabilizar exclusivamente a los comerciantes por los precios altos, lo que derivó en una constante “guerra” contra el sector privado. Sin embargo, esta narrativa omitió el peso de las cargas tributarias en los precios, perpetuando un discurso que poco contribuía a resolver el problema de fondo.
La implementación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, además de ser una herramienta informativa, representa un cambio de paradigma. Por primera vez, el debate sobre precios incluye de manera visible el rol del Estado en la carga impositiva que pesa sobre cada producto.
La medida impulsada por el gobierno de Javier Milei a través de ARCA marca un antes y un después en la relación entre consumidores, empresas y el Estado. Al visibilizar el impacto de los impuestos en los precios, se fomenta un debate más equilibrado y se avanza hacia una mayor transparencia fiscal. Para los consumidores, esta medida no solo brinda información clave, sino que también refuerza su derecho a conocer cómo se conforman los precios que pagan diariamente. En un contexto económico complejo, este tipo de políticas representan un paso hacia una relación más justa y honesta entre todas las partes.
Fuente: El Destape
