Ante la creciente posibilidad de una crisis política en Venezuela y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Nicolás Maduro estaría utilizando una táctica extrema: secuestrar a ciudadanos de diversas nacionalidades como parte de un intento por asegurar su salida del país.
La situación se da en un contexto de creciente oposición interna y presión internacional luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que se denunció un fraude que favoreció al dictador venezolano. El temor de Maduro, similar al de otros líderes autoritarios, es que su régimen pueda desmoronarse tal como ocurrió recientemente con Bashar al Assad en Siria, quien perdió el poder y se exilió en Rusia.
Hasta el momento, se reportan al menos 20 personas de diferentes países secuestradas, entre ellas ciudadanos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Uruguay. Los prisioneros están siendo detenidos ilegalmente con el objetivo de utilizarlos como una especie de “intercambio” para facilitar la huida de Maduro y su círculo cercano hacia países aliados como Cuba o Rusia, que podrían garantizarles asilo político. De esta manera, el régimen venezolano estaría tratando de obtener un respiro en caso de que su estabilidad política se vea amenazada por las crecientes protestas de la sociedad venezolana, que apoya la victoria de los opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, quienes habrían ganado las elecciones de julio.
Uno de los casos más recientes de secuestro es el de Agustín Nahuel Gallo, un gendarme argentino que viajaba desde Colombia hacia Venezuela para visitar a su pareja. Fue detenido de forma ilegal al cruzar el Puente Internacional de Táchira. La respuesta diplomática argentina ha sido activa, con el canciller Gerardo Werthein intentando gestionar la liberación de Gallo, aunque las presiones políticas internas y la falta de apoyo de otros países como Brasil, México y Colombia han complicado la resolución del caso.
Este patrón de detenciones y secuestros no es nuevo. En ocasiones anteriores, Maduro ha utilizado esta estrategia, como ocurrió con el caso de Alex Saab, un allegado suyo, quien fue liberado por Estados Unidos a cambio de la liberación de diez ciudadanos estadounidenses secuestrados. Este “canje” de prisioneros podría ser el modelo que el régimen venezolano planea repetir para asegurar la supervivencia de Maduro en el poder, si es que las tensiones políticas internas se intensifican.
En los informes reservados del gobierno argentino, se menciona que, además de Gallo, hay otros ciudadanos de diversas nacionalidades, como el peruano Renzo Yasir Huamanchumo, quien fue detenido mientras viajaba a Venezuela para visitar a la familia de su novia. También se ha reportado la detención de un ciudadano uruguayo, Fabián Buglione, cuyo paradero sigue siendo desconocido. El gobierno de Uruguay está intentando localizarlo, mientras que el caso de los ciudadanos españoles José María Basoa y Andrés Martínez, detenidos en el Amazonas, fue utilizado por Maduro para acusarlos de ser “terroristas” y de planear un atentado contra su régimen.
La situación de los detenidos está siendo seguida de cerca por diversas organizaciones internacionales, pero la respuesta de la comunidad internacional ha sido débil. En particular, Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, y otros países latinoamericanos han mostrado una falta de coordinación eficaz para presionar a Venezuela y liberar a los secuestrados. Además, la política interna de estos países, como la transición política en Estados Unidos y las diferencias ideológicas en América Latina, han complicado una respuesta contundente. Sin embargo, con la vuelta de Trump a la presidencia de los EEUU, las represalias hacia la dictadura venezolana por parte del norteamericano están garantizadas.
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Maduro parece estar jugando sus cartas desde una posición de fuerza, utilizando los secuestrados como una palanca para negociar su salida sin consecuencias legales o políticas. Este enfoque refleja la vulnerabilidad de su régimen y la desesperación por asegurar su supervivencia, incluso si esto implica sacrificar la libertad de ciudadanos inocentes como parte de un intercambio con otros gobiernos.
El futuro de Venezuela sigue siendo incierto, y la comunidad internacional se enfrenta al desafío de cómo actuar frente a un régimen que recurre a métodos cada vez más extremos para mantener el poder.
