La Justicia de Tucumán investiga un nuevo escándalo relacionado con mercadería destinada a familias vulnerables. En el marco de esta causa, Juan López Cansillieri, empleado de la Legislatura de Tucumán, fue detenido luego de un allanamiento en su domicilio de Manantial Sur, donde se encontraron 5.200 kilos de alimentos originalmente destinados a módulos alimentarios y comedores comunitarios.
López Cansillieri, de 39 años, había ingresado a la Legislatura como dirigente de movimientos sociales y figuraba como personal de bloque. Tras su detención, el vicegobernador Miguel Acevedo confirmó que fue dado de baja de manera inmediata. “En sintonía con las medidas de transparencia adoptadas por el gobernador (CPN Osvaldo Jaldo), hemos dispuesto la baja de esta persona”, declaró Acevedo.
Además, el operativo reveló cuadernos con anotaciones que sugieren una posible venta ilegal de los productos incautados. Esta situación generó preocupación, ya que no es la primera vez que ocurre algo similar. En enero de este año, otra investigación por venta ilegal de mercadería de Desarrollo Social también involucró a un empleado legislativo.
Por si fuera poco, en la madrugada del jueves, Alberto Felipe López, padre de López Cansillieri y exdirigente municipal de San Miguel de Tucumán, también fue detenido por su posible vinculación con el caso. En su vivienda, las autoridades encontraron más mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social.
El escándalo ha alcanzado tal magnitud que el Gobierno provincial anunció cambios en el sistema de entrega de alimentos. A partir de 2025, se eliminará la intermediación de organizaciones sociales para evitar este tipo de irregularidades.
La detención de López Cansillieri ha reavivado las críticas hacia la Legislatura de Tucumán, conocida como la más cara del país, donde los denominados “ñoquis” son objeto frecuente de cuestionamientos por sus vínculos con dirigentes políticos y casos de corrupción.
Este caso plantea interrogantes sobre quiénes son los responsables directos de permitir este tipo de prácticas en el ámbito legislativo y si las medidas tomadas serán suficientes para garantizar transparencia y justicia en el manejo de recursos destinados a los más necesitados.
