La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF acusó a una comerciante, de 31 años, por haber perjudicado a un masculino con la compra de una camioneta.
En representación de la titular de la Fiscalía, María del Carmen Reuter, la auxiliar de fiscal, María Paula Bellomio, le endilgó el delito de estafa en calidad de autora por un hecho ocurrido el 10 de diciembre de 2021 (cuando se celebró el contrato de compra-venta). Pero la camioneta fue secuestrada el 8 de abril de este año, durante un control policial cuando la víctima volvía de Corrientes.
“Habría aparentemente un gestor que se dedicaría a buscar a gente humilde de barrios carenciados de la provincia y les ofrecería sumas de dinero a cambio de firmar documentación que desconocen”, adelantó Bellomio sobre la investigación donde se sospecha de otros involucrados, entre ellos, un empleado de verificación técnica vehicular.
”Estamos detrás de toda esta operativa que se arma para que eventualmente se perjudique no solo a una persona”, indicó la representante del MPF.
“Hay que avanzar también sobre el destino del dinero con relación al crédito prendario que se obtuvo y sobre las terceras personas que habrían actuado de acuerdo a la teoría del caso del Ministerio Fiscal en complicidad con la imputada, a los fines de llevar adelante esta operatoria”, agregó.
Para finalizar, Bellomio pidió medidas de coerción, de menor intensidad, por el plazo de seis meses que comprenden como reglas de conducta la prohibición de acercamiento (por una distancia no menor a 200 metros) del domicilio de la víctima como así también de ningún tipo de contacto. Todo lo expuesto fue autorizado por el juez interviniente.
La teoría del caso
La imputada celebró un boleto de compra-venta, debidamente certificado ante escribano público, el día 10 de septiembre de 2021 con el masculino damnificado mediante la firma de un formulario 08 (de fecha 2 de agosto de 2021) donde se le hizo entrega de una camioneta marca Toyota Hilux 4×4 modelo 2013 pagando la víctima la totalidad del monto estipulado, el día 22 de febrero de 2022, quedando únicamente pendiente la inscripción ante el Registro del Automotor.
Aprovechando las circunstancias de que el ciudadano no había realizado la transferencia del vehículo a su nombre, la acusada a sabiendas que ya había vendido el vehículo con anterioridad firmó un nuevo 08 en fecha 26 de diciembre de 2022 certificado por ante escribano público sobre la misma camioneta (ya vendida) pero a nombre de una femenina (domiciliada en un asentamiento de Alderetes) quien a su vez constituyó un crédito prendario sobre el vehículo en cuestión, generando un claro perjuicio patrimonial en contra del damnificado quien en fecha 8 de abril del corriente se le secuestró la camioneta en virtud de un proceso de ejecución por mora por incumplimiento del crédito antes referido (contraído por otra persona).
