La Justicia de Tucumán sentenció al empresario agropecuario Juan Zamora a pagar 100 millones de pesos por el robo de agua destinado a sus plantaciones, en un caso que ha sido calificado como “sin precedentes” en la localidad de Yerba Buena. Además, se le ordenó regresar de Europa de manera inmediata y entregar su pasaporte debido al riesgo de fuga.
El hecho ocurrió en la zona de El Corte, donde vecinos denunciaron la escasez de agua, lo que llevó a las autoridades a descubrir una conexión clandestina. La Sociedad Aguas de Tucumán (SAT) fue quien presentó la denuncia tras identificar la falta del recurso. Al realizar inspecciones, los operarios hallaron un caño que ilegalmente desviaba agua del acueducto Sierra de Javier hacia una finca privada, ubicada entre el río Muerto y la Loma de Imbaud.
La intervención del Ministerio Público Fiscal fue inmediata, y el miércoles pasado se llevó a cabo un allanamiento en la propiedad de Zamora. Durante la operación, se descubrió una cañería de 32 metros que operaba sin autorización, además de una laguna de aproximadamente una hectárea que contenía el agua sustraída de manera ilícita.
Zamora, reconocido empresario del sector citrícola, vio su finca desconectada del suministro no autorizado tras la intervención de la SAT, que retiró la cañería clandestina.
El martes, el gobernador Osvaldo Jaldo se reunió con el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, para discutir la denuncia penal presentada por la empresa ante la Justicia. Caponio describió el caso como “el robo del siglo en Tucumán”, destacando el impacto que tuvo en la población de Yerba Buena, que se quedó sin agua durante varios días en septiembre. “Cuando encontramos la causa, hicimos la denuncia. El agua estaba siendo desviada hacia una laguna privada para el riego de cultivos”, explicó Caponio.
Además, el funcionario expresó que el daño no solo fue hacia la empresa, sino que afectó directamente a la comunidad. “Es un atentado a los intereses generales de la sociedad en favor de intereses personales”, señaló.
La SAT ha pedido el máximo castigo posible para Zamora y un resarcimiento económico. “Hemos actuado con rapidez, pero ahora será la Justicia la que dictamine las consecuencias”, concluyó Caponio.
