Varias semanas atrás, los senadores habían votado a favor de un aumento en sus sueldos, que alcanzaba una suma de alrededor de 7 millones de pesos. Durante la jornada del miércoles, los integrantes de la cámara alta volvieron a votar afirmativamente, lo que significaba otra suba más en su salario mensual, esta vez del 9%.
Esta noticia impactó de lleno a la sociedad y generó una enorme polémica, ya que tan solo semanas atrás se había decretado un aumento luego de que la mayoría vote a favor. Por lo tanto, y en medio del debate que se lleva a cabo en el senado por la Ley Bases y el Paquete Fiscal, decidieron dar marcha atrás y esta suba no se llevará adelante.
El aumento era del 9,14%, por lo que los 72 integrantes pasarían a cobrar 8 millones de pesos brutos y más de 5 millones de pesos en mano con los descuentos. Se trataba de un 2% retroactivo del mes de abril y un aumento del 7% correspondiente al mes de mayo. Esta suba se iba a ver reflejada en el recibo de sueldo del mes de junio.
Luego de intensas reuniones y negociaciones, finalmente el Gobierno alcanzó el dictamen por mayoría para la Ley Bases y el Paquete Fiscal. El Poder Ejecutivo se sentó hablar y aceptó las modificaciones que plantearon la oposición y la parte dialogista. Por el momento se conoce que uno de los cambios está en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y resta definir el resto.
Estas son las modificaciones que realizó el oficialismo para poder lograr el dictamen de la Ley Bases y el Paquete Fiscal.
- Eliminar la palabra “disolución total o parcial”.
- Excluir a ciertos organismos públicos de posibles eliminaciones: Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Banco Nacional de Datos Genéticos, CONADI, Senasa.
- Quitar a Aerolíneas Argentinas como una de las empresas a privatizar.
- Separación del texto administrativo de la ley de Bases y del RIGI.
- Financiar los organismos de ciencia y técnica bajo el Plan 2030.
- No privatizar ni a Aerolíneas Argentinas ni a Correo Argentino.
- Garantizar que los nuevos dueños mantengan las rutas deficitarias en la privatización.
- Validar las cuotas sindicales, siempre y cuando no haya una manifestación expresa en contra.
- Claridad en las competencias provinciales dentro del RIGI.
