El Gobierno dio inicio este viernes a su plan para intervenir los registros automotores del país. En un proceso comandado por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se hizo la presentación formal en ese sentido.
En Tucumán, los primeros apuntados, según Infobae, serían los registros número 1, 2, 6 y 10.
La nota, dirigida al secretario de Justicia y firmada por Carlos Medina, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, da por iniciado el proceso para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores.
En Argentina existen 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola. En 2022 hubo 407.532 operaciones de 0km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas.
Así, el sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. Claro que hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación y jurisdicción.
El sistema registral depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y funciona en la órbita del Ministerio de Justicia. Desde hace tiempo es cuestionado no sólo por ser parte de un sistema burocrático, poco eficiente, costoso y muy complejo, sino también porque se lo sindica como una caja política, ya que una parte de las asignaciones están relacionadas con exfuncionarios, o familiares directos o indirectos.
Dentro de los ejes de su campaña electoral, La Libertad Avanza puso en lo más alto de la consideración pública la existencia de los registros automotores al cuestionar el modo de nombramiento de sus titulares incluyéndolos dentro de los privilegios de la “casta política” y enfatizar que forman parte de un sistema que el nuevo gobierno desmantelaría como parte de su reorganización de los organismos públicos. En reiteradas oportunidades, Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores y anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos.
Una de las últimas situaciones polémicas de las que se tuvo conocimiento público, aún en el gobierno de Alberto Fernández, fue la designación de Emilce Angélica Aiello, concuñada del por entonces ministro de Justicia, Martín Soria, como interventora del registro número 3 de la ciudad neuquina de Centenario, un registro estratégico porque tiene jurisdicción sobre la zona de Vaca Muerta.
“Son entes designados a dedo, de amigos del poder político, y aquí no hay distinción de colores políticos, porque esto ocurre desde hace décadas y hay registros en todo el país, cuyos titulares son personas que tuvieron o tienen vinculación directa o indirecta con autoridades de todos los gobiernos”, le comentó a Infobae un especialista en el mercado automotor argentino.
Pero más allá de ese cuestionamiento, el problema que tienen los registros se podría dividir en dos claros puntos. El primero está relacionado con el mal funcionamiento en sí del sistema registral de vehículos y el segundo en sus costos. En total, estos trámites tienen un costo aproximado al 6% del valor del auto, y uno depende del otro, porque a más trámites, aranceles y sellos, más costos para los usuarios.
En principio hay que saber que si un auto es de origen nacional paga el 1,5% de arancel de transferencia, y si es importado paga 2%. Por auto importado se entiende todo auto no fabricado en Argentina, es decir que los que provienen de Brasil, aunque sean Mercosur y entren con arancel de importación 0%, pagarán lo mismo que un auto proveniente de Alemania, Japón o Estados Unidos para poder ser transferidos. También hay una distinción entre CABA y el resto del país, mientas en la ciudad de Buenos Aires se paga el 3% de impuesto de sellos, en el interior se paga Ingresos Brutos que es equivalente al 4% del valor del vehículo.
El otro gran cuestionamiento que se hace sobre el funcionamiento del sistema de registraciones de vehículos en Argentina, es la complejidad asociada a la cantidad de formularios, ya que cada uno de ellos requiere presencialidad, incluso para la firma del 08, el formulario de transferencia, que aunque es digital, eso es sólo para adelantar el trámite y precargar los datos de vendedor y comprador, pero que se debe firmar en forma manual.
“En Argentina hay que pasar por 6 ventanillas para hacer los trámites. En Chile y Perú es sólo una y en México son 2. En Estados Unidos es también una sola, pero a la que se concurre después de haber hecho toda la operación entre vendedor y comprador, quienes no tienen siquiera que ir juntos porque uno va a retirar el título y otro a entregar un formulario en el que dice que ese auto ya no es de su propiedad desde la fecha que lo entregó y firmó los papeles de venta”, cuenta un experto del mercado de autos usados en Argentina.
El sistema norteamericano, además, aporta un modelo distinto también desde lo conceptual. La matrícula o patente es del conductor y al vender el automóvil, este se entrega sin esa identificación legal, de modo tal que el comprador tiene que colocar sus placas y si no las poseyera, es un gasto que tendrá que hacer por única vez al comprar su primer vehículo. Así, las multas o deudas no son del automóvil sino del dueño, entonces no es necesario pedir libre deudas como ocurre en Argentina.
El debate está abierto desde hace muchos años en Argentina, pero el nuevo gobierno de Javier Milei lo ha reflotado con fuerza.
