La Policía secuestró un celular que terminará siendo clave para esclarecer las amenazas que recibió la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. La investigación continúa, según informaron fuentes judiciales y policiales.
Durante la semana, la jefa municipal denunció públicamente y ante la Justicia amenazas de muerte y hechos de violencia derivados de la decisión de desvincular a empleados que habían ingresado a la administración en la última etapa de la gestión de su antecesor, Germán Alfaro (Juntos por el Cambio).
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Chahla relató que varias personas estaban organizando generar incidentes a través de un grupo de WhatsApp. También explicó que la habían amenazado a ella y a toda su familia.
La denuncia fue radicada por el fiscal Municipal Conrado Mosqueira en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana a cargo de Alejandra Navarro. Ella la derivó a la Unidad de Grave Atentados contra las Personas que conduce la fiscala María del Carmen Reuter.
La funcionaria judicial, con la prueba presentada en la denuncia, logró establecer que un grupo de empleados municipales habían conformado un grupo en esa red social para planificar y coordinar hechos de violencia. Identificaron a Daniel Rocha como uno de los supuestos responsables de estas acciones.
El denunciante había presentado capturas de pantallas donde el sospechoso posa con una pistola acompañado de textos que “demuestran su intencionalidad y peligrosidad, al utilizar palabras como ‘boy (sic) al frente’, ‘mañana se pudre todo’ y ‘no sean cagones’”.
Con toda esa evidencia, la fiscala solicitó que se realizara un allanamiento en la vivienda de Rocha. Personal de la ex Brigada, al mando de los comisarios Juana Estequiño, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, se presentaron ayer a la tarde en un domicilio del barrio Julio Abraham, de Alderetes.
Los pesquisas, según confirmaron fuentes policiales, no encontraron la pistola, pero sí lograron secuestrar el celular del sospechoso que debe ser peritado. También se le informó que está siendo investigado por el delito de amenazas coactivas agravadas para la obtención de medidas o concesiones de miembros de los poderes públicos. En caso de que llegara a ser encontrado culpable de este delito, recibiría una pena que va de los tres a los seis años.
Los investigadores no descartan que en las próximas horas se realicen nuevos allanamientos, ya que habría más de un integrante de ese grupo identificado. Al parecer, según las primeras averiguaciones, todos estarían vinculados al alfarismo, tal como lo había denunciado Chahla./LaGaceta.
