El Juzgado Federal N° 1 de Tucumán emitió el viernes un fallo en el que ordena el procesamiento con prisión preventiva para dos sindicalistas acusados de presunto encubrimiento en el caso de la desaparición de Marita Verón.
El juez subrogante José Manuel Díaz Vélez accedió a la solicitud presentada por el fiscal Agustín Chit, quien había solicitado el procesamiento de Norberto Manzano, Secretario General de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE), y de Carlos Alberto Rojas, su homólogo en la delegación de Tucumán. Ambos dirigentes son sospechosos de haber ocultado una carpeta que contenía fotografías y documentos que podrían demostrar la muerte de Marita Verón, quien desapareció en 2002.
El caso se originó a raíz de una denuncia presentada ante la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas por el Departamento Jurídico de la Fundación María de los Ángeles por la Lucha contra la Trata de Personas. Según la denuncia, un testigo anónimo relató un evento que tuvo lugar en el Hotel Bicentenario de San Miguel de Tucumán el 20 de marzo de este año. Durante una reunión de afiliados de APJAE, Norberto Manzano habría mencionado que tenía en su poder una carpeta con fotos de Marita Verón, quien habría fallecido en la sede del sindicato Luz y Fuerza, luego trasladada al sanatorio Luz Médica bajo la responsabilidad del fallecido ex dirigente. Julio Luna y las actuales autoridades del sindicato.
El denunciante alegó que en esa reunión se discutieron temas gremiales y que Manzano habría mencionado que había detenido a los “aprietes” que ejercía Luna sobre los trabajadores de APJAE al advertirle sobre la carpeta con las fotos de Marita Verón. Esta información fue ocultada por los acusados, según la denuncia, lo que habría facilitado la impunidad de los responsables y obstaculizado la investigación judicial.
La investigación posterior llevó a la citación de varios testigos, incluido el denunciante anónimo, y se realizaron todos los análisis en los domicilios de los acusados y en la sede central de APJAE en la Ciudad de Buenos Aires, donde se incautó documentación y dispositivos electrónicos pendientes de peritaje. .
El fiscal Chit argumentó que Manzano y Rojas tuvieron acceso a información y fotografías relacionadas con Marita Verón y su destino. Además, esta documentación vinculaba a Julio Ernesto Luna con la ocultación del cuerpo y, por lo tanto, los incriminaba en los delitos que habrían afectado a la víctima, que sigue desaparecida desde 2002.
Según el fiscal, los acusados ”trabaron o entorpecieron” la acción de la justicia al no revelar esta información, consumando así el delito de encubrimiento agravado en relación con el delito de trata de personas con multas de explotación sexual cometida contra Marita Verón. El juez Díaz Vélez desestimó los argumentos de la defensa de los acusados y ordenó su procesamiento sin prisión preventiva, imponiendo un embargo de cinco millones de pesos a cada uno. Este caso se considera una nueva línea de investigación en la desaparición de Marita Verón, que involucra a diversas instituciones, incluyendo el sindicato, el Sanatorio Luz Médica y el Club Tucumán BB.
