Una investigación llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas de Tucumán ha logrado evitar un gasto de más de $5 millones en combustible (nafta y gasoil) que nunca se cargó en los vehículos de la policía.
El organismo de control ha impuesto una multa millonaria a seis funcionarios policiales, ha compartido una copia de la resolución con el Ministerio de Seguridad para que la Oficina de Asuntos Internos tome medidas, y otra con la Unidad Fiscal de Decisión Temprana para que se inicie una investigación contra los involucrados y cualquier persona relacionada con la maniobra.
El método que utilizaba la fuerza para la provisión de combustible era singular. Era administrado por la Sección Combustible del Departamento Logístico, conocido como D4. Cada una de las cinco regionales (Capital, Norte, Este, Oeste y Sur) tenía un representante en esta oficina que entregaba vales proporcionados por las estaciones de servicio para abastecer los tanques de los vehículos: motos, autos, camionetas y camiones.
Posteriormente, los surtidores presentaban el monto total adeudado que, después de una revisión, se facturaba y, una vez aprobada por el jefe de Policía y el Tribunal de Cuentas, se emitía la orden de pago.
Según este sistema, se autorizó a las motos a cargar entre cinco y siete litros al día; a los autos entre 10 y 15 litros; ya las camionetas entre 15 y 20 litros. También se contemplan situaciones especiales, como un cupo adicional para las unidades que deben viajar al interior por investigaciones o traslado de detenidos, así como para tareas extras.
En el caso de los Bomberos, se les permitía cargar una cantidad mayor de combustible para evitar quedarse varado en situaciones de emergencia.
Cuando el vicegobernador Osvaldo Jaldo estuvo a cargo del Poder Ejecutivo, respaldó la idea del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, de instalar GPS en todos los vehículos para supervisar sus rutas y controlar eficientemente los recursos de la fuerza. Sin embargo, este sistema reveló una maniobra millonaria en contra del Estado.
Al descubrirse el posible fraude contra el erario público, se aceleró el proceso de cambio y en la actualidad se ha modificado por completo.
Los expertos del Tribunal de Cuentas encontraron que las estaciones de servicio habían presentado facturas para cobrar el combustible de vehículos que nunca habían pasado por sus instalaciones. Esto se evidencia al comparar las fechas de los envíos con los registros de los GPS de los vehículos.
El ente de control rechazó más de 1.100 solicitudes de pago. Por esta razón, se abrieron cinco expedientes para investigar en profundidad. Entre enero y marzo, los proveedores reclamaron un total de $15 millones, pero durante la investigación se descubrió que al menos un tercio de esa cantidad no correspondía ya que no se había cargado combustible.
En una resolución firmada en abril por Miguel Terraf, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, el organismo de control concluyó consolidar los expedientes y designar a un abogado y dos contadores para llevar a cabo una investigación. Tres meses después, el trabajo dio sus frutos.
“Esto es solo la punta del iceberg. Hay mucho más por analizar, ya que sabemos que esta práctica tiene años de antigüedad”, afirmó un miembro de la fuerza.
Además de revisar la documentación, los funcionarios del ente de control interrogaron a los responsables de la Sección Combustible de cada regional. Varios de ellos argumentos llamativos en su defensa. Algunos señalaron que los problemas de los GPS podrían haber causado la situación. Otros apuntaron directamente a sus superiores, mencionando que en casos de vehículos con poca autonomía, los jefes se encargaban de llevar el combustible en bidones a sus dependencias.
En la resolución se destaca que “el oportuno ejercicio del control preventivo de estos actos administrativos evitó daños patrimoniales al erario público al observar el pago de servicios facturados pero no prestados”.
La resolución también subraya que “es indudable que las numerosas deficiencias detectadas reflejan una actuación reiterada que constituye una situación sistemática que no puede atribuirse simplemente a la negligencia, descubierto o falta de atención administrativa. Dado que se trata de un comportamiento consciente y sistemático en las acciones llevadas a cabo por los funcionarios del Departamento Logístico del Departamento General de Policía, esto constituye graves irregularidades”.
A fines de junio, se desató una crisis en la provisión de combustible. Debido a la falta de pago por parte del Estado, los dueños de las estaciones de servicio decidieron dejar de suministrar nafta y gasoil a la Policía.
Esta falta de cumplimiento ocurrió porque el Tribunal de Cuentas, tras detectar las irregularidades, rechazó las liquidaciones de los remitos cuestionados en los expedientes. El gobierno tuvo que realizar gestiones especiales para asegurar que las labores de prevención no se vieron afectadas. “En esos días, incluso llegamos a abastecernos de camiones instalados en la Jefatura”, recordó un comisario.
La situación volvió a la normalidad cuando el Tribunal de Cuentas autorizó los pagos, pero solo para los envíos confirmados. “Se había anunciado que los responsables al menos serían investigados, pero nunca sucedió nada”, afirmó una fuente cercana al caso. Ahora, el proceso debe continuar en la Oficina de Asuntos Internos y en los Tribunales.
