La Justicia de Tucumán dictó cuatro meses de prisión preventiva para José Alberto Rojas, de 31 años, conocido como «Josecito», acusado de asesinar de una puñalada a Iván Ulises Delgadino, de 34, durante una discusión ocurrida en el barrio Juan XXIII, conocido como La Bombilla, en San Miguel de Tucumán. El crimen se produjo durante la madrugada del domingo 15 de noviembre y el imputado continuará detenido mientras avanza la investigación.
La medida fue dispuesta por la jueza Fanny Siriani, luego de una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación por homicidio. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Homicidios I, dirigida por Pedro Gallo, que solicitó la prisión preventiva al considerar que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Cómo ocurrió el homicidio
Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el episodio comenzó entre la 1 y las 2 de la madrugada en una vivienda ubicada en Manuel Alberti al 1300. Allí se encontraban Rojas, Delgadino y un tercer hombre, identificado con las iniciales C.J.A.C., quienes compartían bebidas alcohólicas en la galería del domicilio.
En ese contexto se produjo una discusión entre el dueño de casa y la víctima, que posteriormente continuó en la vía pública. De acuerdo con la hipótesis de la acusación, Rojas se acercó a Delgadino y le provocó una herida con un cuchillo en el sector derecho del tórax.
El hombre fue trasladado al hospital Centro de Salud, donde falleció alrededor de las 6 de la mañana como consecuencia de un traumatismo abierto.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía
Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Carolina Brito Ledesma expuso los elementos reunidos hasta el momento para sostener la imputación. Entre ellos mencionó las actuaciones policiales, el informe preliminar de la autopsia y los testimonios de cuatro personas que aportaron información sobre lo sucedido.
Uno de los declarantes fue C.J.A.C., quien había participado de la reunión y aseguró haber presenciado la agresión. Según la Fiscalía, el testigo también entregó a los investigadores una camiseta de la Selección argentina manchada con sangre que habría utilizado para auxiliar al herido.
A estos elementos se sumaron las declaraciones de vecinos que identificaron a Rojas como el presunto autor de la puñalada.
La versión del acusado y el planteo de la defensa
Al momento de declarar, Rojas reconoció que había consumido bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes junto a Delgadino y el tercer participante de la reunión. Sin embargo, negó haber atacado a la víctima con un arma blanca y responsabilizó a C.J.A.C. por el homicidio.
El acusado sostuvo que el conflicto se había originado por una cuestión vinculada con las drogas y ofreció una reconstrucción diferente de los acontecimientos.
Por su parte, su abogado defensor, Gerardo Banegas, cuestionó la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal y planteó que el enfrentamiento se habría desarrollado dentro de la propiedad de su asistido. A partir de esa circunstancia, solicitó que se analizara la posible existencia de una causa de justificación contemplada en el Código Penal.
Cuatro meses de prisión preventiva
La Fiscalía solicitó que el imputado permaneciera detenido durante cuatro meses, al considerar que su libertad podía poner en riesgo el desarrollo de la investigación. Entre las medidas pendientes se encuentran el análisis de las grabaciones de cámaras de seguridad, la finalización del informe de autopsia y los estudios periciales sobre las prendas secuestradas y las muestras obtenidas del acusado.
Además, los investigadores continúan trabajando para localizar el cuchillo que habría sido utilizado durante el ataque, considerado un elemento relevante para establecer la mecánica del homicidio.
La defensa se opuso al pedido de prisión preventiva, pero la jueza Fanny Siriani hizo lugar al planteo de la Fiscalía y dispuso que Rojas permanezca detenido durante cuatro meses.
De esta manera, la investigación continuará con la incorporación de nuevas pruebas y pericias destinadas a esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar las responsabilidades penales. El acusado permanece imputado y deberá responder por los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal, mientras su defensa sostiene una versión diferente de lo ocurrido.
