La Justicia de Tucumán rechazó la demanda presentada por el concejal de Yerba Buena, Mauricio Argiró, contra el joven libertario Leonel Alderete, a quien pretendía obligar a eliminar publicaciones de sus redes sociales, retractarse y pedir disculpas públicas. El fallo fue contundente: la libertad de expresión debe prevalecer cuando se trata de cuestiones de interés público.
Lo que comenzó como un intento del concejal Mauricio Argiró de silenciar las publicaciones de un joven libertario terminó convirtiéndose en un duro revés judicial para el dirigente de Yerba Buena.
El Juzgado Civil y Comercial Común de la VI Nominación, a cargo del juez Ramón Agustín Vidal, rechazó la acción judicial impulsada por Argiró contra Leonel Alderete y dispuso que el concejal afronte las costas del proceso.
La controversia comenzó cuando Alderete difundió en sus redes sociales un video sobre un audio que ya circulaba públicamente y que involucraba al concejal en un presunto conflicto con trabajadores de reparto de PedidosYa en Yerba Buena.
Lejos de responder únicamente en el terreno del debate público, Argiró decidió llevar al joven libertario ante la Justicia. En su presentación exigió que eliminara las publicaciones de TikTok, Instagram y Facebook, que se abstuviera de reiterar las manifestaciones, que se retractara públicamente y que publicara disculpas.
Sin embargo, la estrategia judicial terminó jugando en su contra.
La Justicia le dio la razón a Alderete
En una sentencia dictada el 11 de noviembre, el magistrado consideró que las publicaciones del joven estaban amparadas por el derecho constitucional a la libertad de expresión.
El fallo destacó que Alderete había compartido información previamente difundida por otro medio digital y que utilizó expresiones condicionales, sin presentar como hechos comprobados las circunstancias mencionadas en el audio.
Pero uno de los aspectos más importantes de la resolución fue la consideración sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente al escrutinio ciudadano.
La sentencia recordó que quienes ejercen cargos públicos están sujetos a un mayor nivel de exposición, cuestionamiento y crítica por parte de la sociedad.
En ese sentido, el juez fue categórico:
“Debe primar el derecho a la libre expresión de Leonel Alderete”.
Además, concluyó que las publicaciones constituían un ejercicio regular de un derecho constitucional fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática.
Argiró perdió y deberá afrontar las costas
El fallo no solamente rechazó la totalidad de la acción presentada por el concejal, sino que también le impuso las costas judiciales por resultar vencido.
La resolución reguló honorarios profesionales por $730.000 para cada una de las dos abogadas intervinientes.
De esta manera, el intento de Argiró de conseguir una orden judicial para retirar publicaciones y exigir una retractación terminó con una sentencia desfavorable y una obligación económica derivada del proceso.
Un fallo que deja expuesto al concejal
El resultado representa un fuerte golpe político para Argiró, quien acudió a los tribunales para cuestionar las publicaciones de un joven vinculado al espacio libertario y terminó enfrentándose a una resolución que reivindica el derecho de los ciudadanos a debatir y cuestionar la actuación de sus representantes.
La sentencia deja un mensaje que trasciende este enfrentamiento: los funcionarios públicos no están exentos de las críticas y deben aceptar el escrutinio ciudadano como parte esencial de la vida democrática.
Para Alderete, la resolución representa una victoria judicial frente a un dirigente político que pretendía obligarlo a retirar sus publicaciones.
Para Argiró, en cambio, el episodio concluyó con un revés judicial que lo deja en una posición políticamente incómoda: quiso llevar a un joven libertario ante la Justicia por sus publicaciones y terminó perdiendo el juicio.
El concejal buscó una retractación pública, pero fue la Justicia la que terminó rechazando su reclamo.
